El gran valor de la pensión universal

JUSTA MEDIANÍA

*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
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México vive cambios demográficos importantes: el porcentaje de personas de cero a 14 años se ha visto disminuido en los últimos 50 años, pasando de 46 por ciento a 25; en contraparte, durante el mismo periodo, las personas de 30 a 59 años aumentaron de 22 a 38 por ciento. En conclusión, nuestro país vive un proceso de envejecimiento demográfico. Las cifras han sido reveladas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El Consejo Nacional de Población estima que para el año 2050 el porcentaje de adultos mayores será de 22 por ciento. 

Nuestros adultos mayores viven una situación sumamente compleja. Un porcentaje muy importante de ellos, cercano al 50 por ciento, vive en pobreza. Abandonar esta condición resulta casi imposible, ya que para los empleadores suelen ser considerados poco aptos, lo que les impide obtener oportunidades de trabajo que les otorguen un mejor ingreso. Sin empleo y sin la seguridad social que esta condición les permitiría, su presente y futuro se encuentra y luce cuesta arriba. Dependen en gran medida del apoyo que les brindan sus familias, que no en todos los casos es el idóneo.

Ante esta condición por la que atraviesan los adultos mayores mexicanos, cobra mucha mayor relevancia el papel que en sus vidas juegan los programas sociales del Gobierno de México. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social expresó que la pensión universal otorgada a los adultos mayores redujo de manera muy importante la pobreza de este grupo. Entre el año 2018 y el 2020, el promedio nacional de pobreza pasó de 43.2 por ciento a 37.9, lo que equivale a 4.5 millones de adultos mayores que gracias a este apoyo lograron movilidad social.

¿Qué sería de ellos sin esta pensión universal? Todos los adultos mayores indígenas que rebasan la edad de 65 años, y 68 años para los no indígenas, reciben un apoyo de tres mil 850 pesos bimestrales; una pensión no contributiva. Del 100 por ciento de ellos, solamente el 21 por ciento cuenta con un trabajo formal y el resto lucha desde la informalidad para obtener un ingreso. Cuando el adulto mayor pierde el empleo, su sustento depende de donaciones o apoyos de terceros.

Debemos fortalecer las políticas públicas para garantizar una vejez digna a nuestros adultos mayores. Resulta necesario también un esfuerzo decidido por parte del sector privado y social, para modificar el tratamiento que brindamos a los adultos mayores de nuestro país. Este grupo social se encuentra expuesto a diferentes amenazas que condicionan su bienestar. La experiencia con la que cuentan es un activo sumamente valioso para una comunidad que atraviesa por una crisis de valores sociales.

Además, se deben tomar decisiones importantes en la búsqueda de quitar presión a las finanzas públicas derivado del envejecimiento demográfico, aunado a los grandes problemas de salud pública que se avecinan, que condicionarán la viabilidad de los servicios de salud, la disminución en la productividad y la sustentabilidad del sistema de pensiones.