La consulta ciudadana

A casi un mes de haberse llevado a cabo elecciones en todo el país, el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene frente a sí la organización de la consulta ciudadana a realizarse el próximo 1 de agosto, respecto a lo que se ha conocido como el juicio a expresidentes.

Tal como lo establece la Constitución, además de las elecciones federales, también corresponde al INE la organización de este tipo de ejercicios democráticos —al menos, si se pretende hacerlos vinculantes—, pues es la máxima autoridad electoral de nuestro país, la institución específicamente diseñada para hacer cumplir todos los estándares de calidad y seguridad necesarios, para garantizar la validez de los resultados que se obtengan.

Por lo que respecta a la logística detrás de la organización de la consulta, el INE está más que preparado para hacerle frente, pues se trata de procesos con los que está habituado a lidiar en cada elección. Sin embargo, como todo proceso electoral, llevarlo a cabo implica costos –y más con los estándares de calidad exigidos por la ciudadanía y garantizados por el INE. En este sentido, resulta absurdo pensar que ésta sería la excepción y que no se comprometería la organización de la consulta –que sea como sea, se va a dar–, a pesar de no haberle asignado al instituto presupuesto adicional para llevarla a cabo.

Por otro lado, es poco realista pensar que las ciudadanas y ciudadanos de a pie fácilmente asociarán la pregunta que aparecerá en las boletas, con lo que en el ideario colectivo se ha conocido como el juicio a expresidentes. Esto es así pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que estirar al máximo la liga interpretativa, con tal de no incurrir en una inconstitucionalidad y que la consulta pudiera mantenerse, a pesar de los numerosos señalamientos en contra del ejercicio, en torno a que se cuestiona la aplicación de la ley o la garantía de derechos.

Para ello, tuvieron que echar mano de su amplio y abigarrado lenguaje jurídico, de donde se obtuvo un fraseo digno de una conversación entre colegas juristas, más que de entendimiento para con la ciudadanía. Así, en el texto final se sustituyó “expresidentes” por “actores políticos” por cuyas manos hayan pasado “decisiones políticas” –lo que sea que ello signifique en su conjunto. De esta manera, lo que finalmente se llevará a consulta bien puede aplicar a cualquier persona que en algún momento de su trayectoria profesional haya pasado por la administración pública en cualquiera de sus niveles.

La realidad es que, sin importar el resultado del ejercicio –el primero en su tipo desde la más reciente reforma político-electoral–, más allá de una consulta ciudadana, se trata, pues, de un posicionamiento político para mantener los reflectores mediáticos –fiel al modelo de comunicación política que tanto le gusta al Presidente–, de cara al proceso electoral presidencial de 2024.

Entretanto, el INE y la ciudadanía estaremos llamados nuevamente a las urnas, en poco más de un mes, para emitir nuestro voto, como parte de un ejercicio electoral de nuestra muy peculiar democracia.

*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.