Desaparición de poderes

El miércoles pasado, el Senado de la República aprobó el procedimiento para analizar peticiones que lleven a la desaparición de poderes en Guanajuato y Guerrero, lo que abre la posibilidad de remover de sus cargos a las personas titulares de las respectivas gubernaturas.

Se trata de una medida constitucional extrema, sin lugar a duda, pues implica que alguno de los poderes de la entidad ha dejado de cumplir con sus funciones —en el más amplio sentido de la palabra—. En el caso de aplicarse, extingue la posibilidad de continuar en el ejercicio de funciones, no sólo de la persona titular del Ejecutivo estatal, sino también del Congreso y Poder Judicial locales, en su conjunto.

La actual solicitud involucra a dos entidades particularmente azotadas por la violencia, producto del control ejercido por el crimen organizado. Se trata, por un lado, de Guanajuato, un estado que, casi de la noche a la mañana, pasó de ser considerablemente tranquilo, a convertirse en uno de los más violentos del país —entre otros motivos— por la disputa entre cárteles por hacerse del control de tomas clandestinas de hidrocarburos y su respectivo trasiego.

Guerrero, por su parte, ha estado bajo presión del crimen organizado desde hace, al menos, un par de administraciones y la actual. A ello hay que sumarle dos factores que han agravado la situación: la ríspida disputa política que antecedió la llegada del actual gobierno y el paso del huracán Otis, que devastó al Puerto de Acapulco y ahondo la crisis social, política y de seguridad que ya aquejaba a la entidad.

Cabe recalcar que la función principal de esta facultad —exclusiva del Senado de la República— es reconstruir los poderes constitucionales de una entidad, mas no eliminarlos y, menos aún, de forma definitiva. Con todo, sí puede verse como responder a un incendio con más fuego, puesto que se atiende la crisis vigente con una dosis adicional de caos y vacío de poder, en un momento convulso de por sí, en lo que las autoridades sustitutas convocan nuevamente a elecciones y el “orden” vuelve.

Aunado a que desde que esta facultad fue incluida en la Constitución de 1917 —vigente hasta nuestros días —, únicamente ha procedido en cinco ocasiones, la realidad es que difícilmente se llegará a los consensos necesarios para que las peticiones de desaparición de poderes sean otorgadas esta vez —con un proceso electoral en marcha, en donde toda la voluntad política está volcada en asegurar un escaño o alguna posición política en las administraciones que habrán de llegar después de la elección del 2 de junio próximo.

Con todo, sea cual fuere el desenlace, simplemente considerar esta alternativa como la mejor solución posible, ya dice mucho de la crisis por la que atraviesan ambas entidades.