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“Desapariciones”

DESDE LAS CLOACAS

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El primero de diciembre de 2018 se anunció, de boca del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que los desaparecidos serían una prioridad para el gobierno entrante, y que en encontrarlos, se iban a centrar todos los esfuerzos del Estado.

La sorpresa es que la realidad dista mucho de aquel discurso y el número de desaparecidos ha incrementado en el país, y no sólo ha incrementado, sino que se ha multiplicado en algunas entidades.

Según el reporte del 16 de marzo pasado, mil 341 casos de personas desaparecidas se habían reportado a la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México y a su encargada de despacho Mariana Morales Guerra. Esto representa casi la duplicidad de los casos que se habían reportado en 2019.

En agosto de 2020, esa misma Comisión informó, en una videoconferencia, que a esa fecha se habían reportado 793 casos de personas desaparecidas.

Muchos de esos desaparecidos han sido tristemente víctimas del crimen organizado. Fuentes de alto nivel me informan que en los últimos años la desaparición de personas es un delito que se lleva a cabo —en su gran mayoría— precisamente por o entre integrantes del crimen organizado.

Aun con esos indicadores, la propia Comisión de Búsqueda de Personas no sólo no termina de conformarse, sino que tiene guardadas en bodegas herramientas indispensables para rescatar a personas desaparecidas.

La Auditoría Superior de la Federación reportó que desde 2019 están guardados dos drones de última generación que se podrían usar por personal especializado en este tipo de búsquedas, y ¿saben por qué no los usan? porque se aprobó la compra, pero no se dio luz verde para la adquisición de gasolina. Sí, los drones adquiridos en más de un millón 600 mil pesos, usan baterías y gasolina.

Y no sólo eso, sino que no se llevaron a cabo los cursos para que el personal de la Comisión los aprendiera a usar. Y aquí la pregunta: ¿es en serio? ¿La prioridad del Gobierno federal es encontrar a los desaparecidos después de años de guerra contra el crimen organizado, pero se enfrenta a este tipo de obstáculos burocráticos?

Porque lo cierto es que las deficiencias relacionadas con la falta de solidez en las comisiones de búsqueda de personas desaparecidas no tienen sólo impacto en la Ciudad.

Pese a que en su página oficial, la dependencia nacional reporta que tuvo en 2019 un presupuesto de 440 millones 791 mil pesos, la ASF reporta que ejerció 244 millones 626 mil 900 pesos.

Para colmo, esa dependencia parece moverse en medio de una fragilidad administrativa. La Auditoría encontró que la institución se conforma de 43 plazas “de carácter eventual” y señala que en algunos casos no queda claro si quienes las ocupan tienen el grado académico requerido.

De la revisión resultaron 15 recomendaciones, 14 promociones de responsabilidad administrativa sancionadora y dos pliegos de observaciones. Con esa realidad, la promesa que se hizo en diciembre de 2018 no tiene visos de ser pronto realidad.