Ley Eléctrica va camino al rechazo

A partir del 4 de este mes, la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional, parte de la cual se incluyó en la Ley de la Industria Eléctrica aprobada por el Congreso de la Unión, quedó sin efecto por inconstitucional, tal como votaron los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia y que, en opinión de juristas, es el mismo camino que lleva la que el Presidente López Obrador envió al Congreso de la Unión y fue aprobada a toda prisa y “sin quitarle una coma”, como lo ordenó.

Esa política de kilométrico nombre motivó que varias empresas que generan energías limpias, solicitaran amparos a los que les fueron otorgadas suspensiones definitivas, por parte del juez federal Juan Pablo Gómez Fierro —como así lo resolvieron los ministros del alto tribunal de justicia—, quien es el mismo que el jueves de la semana pasada frenó la ley eléctrica y que por ello ha sido blanco de acusaciones del Presidente López Obrador.

DE ESTO Y DE AQUELLO

En la ceremonia del 83 aniversario de la expropiación petrolera, ayer, en Centro-Villahermosa, la capital de su estado natal, en medio de los silenciosos incrementos de precios en los combustibles, reiteró su ofrecimiento de campaña electoral: “se acabaron los gasolinazos” y también se comprometió a “terminar de limpiar de corrupción a Petróleos Mexicanos para garantizar que nunca más existan casos como el de Odebrecht”.

También, dijo, a fin de evitar la compra a precios inflados de plantas de fertilizantes —como la de Agronitrogenados, instalada en el sur Veracruz—, y la entrega de “moches” o sobornos a funcionarios de esa empresa y a legisladores, en alusión a las denuncias hechas por el exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, refugiado en casa, sin ser sometido a proceso.

Por fin, un partido político, Movimiento Ciudadano, pasó de las palabras a los hechos en defensa pública del juez federal Juan Pablo Gómez Fierro, al proponer un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para que el Consejo de la Judicatura Federal aperciba, amoneste o multe hasta con 25 mil 500 pesos a los servidores públicos del Poder Ejecutivo Federal que atacaron su fama pública, sin presentar prueba alguna en la cual basarse.

La diputada emecista Adriana Gabriela Medina Cruz, quien presentó ese acuerdo, señaló que el artículo 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que el CJF —que preside el también titular de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea— velará en todo momento por la autonomía de sus órganos y la independencia e imparcialidad de los integrantes del mismo.