INE y TEPJF, en el ojo del huracán

Justo a dos semanas del inicio oficial de las campañas electorales, los organismos que las organizarán, vigilarán y calificarán, están en el ojo del huracán: uno, el Instituto Nacional Electoral, por las críticas de la dirigencia del partido en el gobierno ante las medidas que aprobó para evitar que Morena tenga sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados y, otro, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con un magistrado que lo preside y cuya permanencia en el cargo es dudoso ante las acusaciones por el manejo de su situación patrimonial y problemas con sus mismos colegas.

Los nuevos lineamientos aprobados por el INE para la asignación de diputados plurinominales y verificar la afiliación de los candidatos, desataron la furia morenista que ve en ellos una “maniobra oscura y vergonzosa” que “busca evitar que Morena conserve la mayoría en San Lázaro”, en tanto que la permanencia de presidente del Tribunal, José Luis Vargas Valdez, está en serio riesgo de cara a las elecciones calificadas de las más importantes en la historia del país.

DE ESTO Y DE AQUELLO

El viernes pasado apuntamos en este espacio que la polémica contrarreforma eléctrica propuesta por el Presidente López Obrador y aprobada por el Congreso de la Unión, va camino al rechazo por ser inconstitucional, igual que fue declarada la Política de Contabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad del Sistema Eléctrico Nacional y ese mismo día, el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro, que con tres amparos que otorgó a tres empresas que generan energías limpias, había frenado provisionalmente, aquella el jueves 11 de este mes, resolvió cancelarla definitivamente

Por lo pronto, tras arremeter en sus mañaneras contra el juez Gómez Fierro, Juez Segundo de Distrito Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, el titular del Poder Ejecutivo federal advirtió que si la Suprema Corte de Justicia declara también inconstitucional la ley eléctrica, enviará una iniciativa a la Cámara de Diputados para modificar la Constitución, lo que le ha valido severas críticas de constitucionalistas, académicos y expertos en Derecho.

Al encabezar ayer en San Pablo Guelatao, el aniversario del natalicio de don Benito Juárez, el Presidente López Obrador anunció que a partir de julio de este año –un mes después de las elecciones federales y estatales del 6 de junio- la pensión universal de adultos mayores se entregará a partir de los 65 años, no 68, y tendrá un incremento del 15 por ciento y del 2022 al 2024, será de 20 por ciento anual, hasta llegar a seis mil pesos semestrales.

También dijo que se actualizará la Unidad de Medida y Actualización, de acuerdo a la inflación anual y el incremento continuo al salario mínimo, “hasta recuperar todo lo perdido durante el periodo neoliberal”.