La información sobre el mal cardiaco de AMLO

PULSO POLÍTICO

*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
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Es de sobra sabido que la salud del Presidente de la República es un tema de interés nacional y por eso la pretensión inicial de informar que su ingreso la tarde del viernes al Hospital Central Militar se debió a un simple examen de “rutina” y no a que, como fue, se le practicara un cateterismo cardiaco, generó confusión, rumores y sospecha acerca de su estado real, lo que obligó por la noche al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a ser vocero gubernamental y emitir un reporte real del caso.

Eso recordó que el 3 de diciembre de 2013, Andrés Manuel López Obrador sufrió un infarto al miocardio, por lo que tuvo que ser atendido de urgencia en el hospital Médica Sur para salvarle la vida, dañada desde entonces, y que ahora le ocurriera ese quebranto tras la reunión que sostuvo el jueves en Palacio Nacional con la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, quien le expresó las “preocupaciones” que privan en sectores de su país por la Reforma Eléctrica. 

DE ESTO Y DE AQUELLO…

En un video en el que aparece en su despacho de Palacio Nacional, luego de que se le practicara un cateterismo, el Presidente reveló tener un “testamento político”, en caso de fallecer durante su mandato, porque la transformación del país que emprendiera al inicio del sexenio, continúe, ya que por sus padecimientos médicos y riesgo de fallecimiento durante su mandato, debe “garantizarse la gobernabilidad”.

Rechazo “absoluto” de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión y también de varios conductores noticiosos en ambos medios, a la sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia que obliga a la distinción entre lo que es información y opinión, por la disfrazada censura a la libertad de expresión que posteriormente podría ampliarse a diarios y revistas.

Por lo pronto, los actuales directivos de la CIRT, como sus antecesores, suscribieron un comunicado en el que advierten su oposición a verse censurados en los medios que agrupa en todo el país, por considerar que la libertad de los medios de comunicación y de sus comunicadores, es lo que les permite entreverar noticia y opinión, lo que lleva el riesgo de que se cancele la mayor parte de los programas noticiosos.

Lo que faltaba en el cada vez más supuesto “combate a la corrupción” fue esa revocación del Primer Tribunal Unitario Penal en la CDMX a la prisión preventiva justificada y ordenar la inmediata libertad de Emilio Lozoya Austin en el proceso por lavado de dinero por el caso de Agronitrogenados, aun cuando no puede salir del Reclusorio Norte por la otra acusación en su contra en el de Odebrecht.