Sin protección las personas defensoras y periodistas

¿Por qué están en riesgo quienes ejercen la libertad de expresión y los derechos humanos, al haberse aprobado con 277 votos a favor, 164 en contra y seis abstenciones las modificaciones a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que implicó la desaparición del fideicomiso?

Tenemos que empezar diciendo que los 109 fideicomisos desaparecidos fueron creados para auxiliar a los gobiernos, al impulsar áreas de desarrollo prioritarias y estratégicas. El que se creó para la protección de personas defensoras y periodistas se publicó el 25 de junio del 2012, mandatando la creación del Mecanismo de protección, que cuenta con un fondo para ejecutar las medidas para prevenir y proteger la vida, libertad, integridad y la seguridad de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad por la defensa y promoción de los derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión.

Ciertamente con muchos problemas para su ejecución, pero ha demostrado ser un instrumento útil, para lo cual cuenta con una Junta de Gobierno compuesta por entidades públicas y de la sociedad civil, y un Comité Técnico, que de manera coordinada hacen las evaluaciones de las medidas de protección y prevención, así como las de vigilar y adecuar las reglas de operación, respectivamente. El fideicomiso es administrado por la Secretaría de Gobernación, en la Unidad encargada de la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Sin embargo, 20 horas de argumentaciones y discusiones no bastaron y se impuso el dictamen que buscaba que los recursos de estos fideicomisos (68 mil millones de pesos) regresaran a la Tesorería de la Federación y sean orientados a enfrentar la pandemia de Covid-19, sin que mediara en la Cámara de Diputados una propuesta viable y con alternativas para la ejecución de las medidas que necesitan, ni se propuso alguna garantía presupuestaria.

Así que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas están en alto riesgo, porque no sabemos qué pasará con quienes veían protegida su vida y su integridad, a partir del fondo destinado para esto, en una nación donde la UNESCO, a través del Observatorio de Asesinatos de Periodistas de la Organización de las Naciones Unidas, ha dicho que es el segundo país del mundo con un mayor número de informadores asesinados, sólo detrás de Irak, y que en el periodo 2019-2020 concentra 18 de los 96 casos registrados y un total de 20 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y la desaparición de dos defensores, documentado por la ONU-DH en 2019, y que en lo que va del año, lleva el registro de 7 personas defensoras de derechos humanos asesinadas.

Ahora, tocará al Senado de la República analizar la minuta aprobada por la Cámara de Diputados y garantizar no dejarles en la indefensión y que no se aprueben remedios a través de supuestas soluciones que no resuelvan la violencia estructural que viven. Es necesario que el Estado mexicano asuma la responsabilidad no sólo de protegerles, sino también de eliminar los factores que no les permiten ejercer plenamente el derecho a la libertad de expresión y la garantía de los derechos humanos.