Ayotzinapa

Hace unos días se celebró un aniversario más de la tragedia de Ayotzinapa en que desaparecieron 43 estudiantes. Cuando sucedieron los hechos, yo era diputado del Estado de Guerrero. Desde el principio, la fiscalía estatal puso a disposición de las autoridades elementos para la investigación que permitieron limitar el número de desaparecidos a 43.

A pesar de nuevas informaciones reveladas por Alejandro Encinas, la primera versión no varía significativamente. La antigua Procuraduría General de la República dirigida por Jesús Murillo Karam cometió abusos y arbitrariedades, pero en un mes registró lo sucedido en lo fundamental: la intervención de la policía que redujo a los estudiantes, la aparición del grupo criminal Guerreros Unidos que se hizo cargo de los estudiantes, la incineración de los jóvenes en el basurero de Cocula y el esparcimiento de los restos en el río San Juan.

La comisión encabezada por Encinas no ha aportado información que reoriente la investigación de los hechos. Al contrario, parece confirmar la “verdad histórica”.

En todo caso, se reitera que el ejército conoció sobre lo que acontecía. La información se debe a conversaciones interceptadas por el Ejército el 26 de septiembre y el 4 de octubre de 2014 entre el líder de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, conocido como El Gil, y la policía a horas de que los estudiantes fueran asesinados. El Gil ordenó a los mandos policíacos que le entregasen a los estudiantes para ejecutarlos. Los normalistas fueron asesinados por los sicarios de Guerreros Unidos.

El presunto líder criminal fue capturado el 17 de septiembre de 2015, pero quedó en libertad el 3 de septiembre de 2019 tras denunciar haber sido víctima de torturas.

En la actualidad, El Gil, llamado ahora Juan, es testigo protegido de la fiscalía especial. Hasta ahora no ha revelado nada que no se conociera. El curso de la investigación era acusar a los militares de haber intervenido en la desaparición para probar un presunto crimen de Estado, como sostienen el centro PRO y el GIEI. Algunos periodistas e investigadores sitúan el foco en el secretismo del ejército en relación con su actuación, otros prefieren optar por los hechos y exculpar a los militares.

La información que se maneja en relación con el caso fue entregada desde el principio por la Fiscalía del Estado de Guerrero a cargo de Iñaki Blanco, que fue la institución que por primera vez habló de Pueblo Viejo y del Gil como presunto líder de la cédula criminal.

Llama la atención que las nuevas informaciones incidan en lo registrado por la Fiscalía estatal, sin aportar otros elementos significativos. En realidad, lo develado hasta ahora no se aparta de la “verdad histórica”, sino que parece confirmarla.