Mauricio Flores

Banamex, devolución de 29 mmdp por Fobaproa

GENTE DETRÁS DEL DINERO

Mauricio Flores *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
Mauricio Flores 
*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
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Quizá no es la mejor idea la propuesta del canciller Marcelo Ebrard, de que Citi pague con la hermosa y vasta colección de arte de Fomento Cultural Banamex el apoyo que el Estado mexicano otorgó entre 1995 y 1998 al banco, entonces en manos de Roberto Hernández y Alfredo Harp. Sería más útil que la agrupación encabezada por Jane Fraser extendiera un cheque cercano a los 29 mil millones de pesos a la Tesorería de la Federación tras concretar la venta anunciada.

De esa manera se lograría que el beneficio privado se socializara (siempre y cuando fuera bien empleado por la SHCP, de Rogelio Ramírez de la O) y evitar la clásica ecuación del capitalismo de cuates en que sólo se socializan las pérdidas. Vaya los casi 29 mil millones de pesos que Banamex podría devolver, derivados de los apoyos que recibió de los programas de compra de cartera vía Fobaproa a finales del siglo pasado, derivan de los propios cálculos que realizó y reportó el auditor canadiense Michael W. Mackey por encargo de la Cámara de Diputados en 1999.

El llamado Reporte Banamex señala que “el costo total de los programas del Fobaproa en Banamex fue de 19,994 millones de pesos de los cuales 14,721.9 millones representan el costo para el Fobaproa. El costo representa los pagarés iniciales de los tres Fideicomisos, que hacen un total aproximado 24,478 millones de pesos más otros intereses acumulados por 14,160 millones de pesos menos las recuperaciones netas esperadas 17,709 millones de pesos (de los préstamos y activos netos)”.

El auditor hace notar que hubo compras de cartera de créditos que no cumplieron los requisitos establecidos por el Fobaproa (indebidos, pues), mismos que representaban prácticamente el 50% del total, es decir, unos 7,360 millones de pesos de 1995…, que actualizados con la inflación acumulada arroja la suma a la que tiene derecho a recuperar la hacienda pública.

De hecho, Mackey apunta que Banamex mantenía un adecuado nivel de capitalización tras la crisis de 1994-95 y que era rentable, pero que se acogió al programa de compra de cartera que lanzó el Gobierno de Ernesto Zedillo para evitar una crisis sistémica. Hoy Banamex, a cargo de Manuel Romo, es ahora un negocio viable pues —usando una metáfora de Mario Di Costanzo— recibió una muleta del sector público cuando se rompió el pie; y sí vende la casa, es correcto que devuelva la muleta.

Grupo Salinas acudirá a tribunales internacionales. La nota es que Grupo Salinas —que encabeza Ricardo Salinas Pliego— acudirá a instancias internacionales en busca de justicia luego de que en una votación de tres contra dos ministros, la Segunda Sala de la SCJN rechazó el amparo promovido por Grupo Elektra en contra de un crédito fiscal fincado por el SAT y correspondiente al ejercicio 2006. Elektra presentó el amparo directo 2497/2018, pero en la mencionada Segunda Sala fueron tres ministros los que negaron analizar el fondo del recurso…, y con ello violaron el derecho humano de acceso a la justicia y debida defensa que también consagra la Constitución Mexicana. Grupo Salinas enfatiza que la defensa de esos derechos implica defender el Estado de derecho, el libre mercado y de los pilares de la democracia.

Sube 50% venta chocolata. El sólo anuncio de Andrés Manuel López Obrador para “regularizar” los autos ilegales elevó de manera escandalosa las ventas en lotes y yonkes de la frontera norte. Entre 40% y 50% elevaron sus ventas bajo la expectativa de que podrán vender en todo territorio nacional autos “legalizados”. Ante el grave daño que implica para la actividad económica legal, para el ambiente y la seguridad pública, la AMDA, que encabeza Guillermo Rosales, hace un urgente llamado a la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, Adán Augusto López, de Gobernación, a Rosa Icela Rodríguez, en Seguridad, y a la SHCP para cumplir el compromiso de analizar con la industria automotriz el decreto de regularización antes de publicarse.