Pedro Sánchez Rodríguez

Silencios humanos

CARTAS POLÍTICAS

Pedro Sánchez Rodríguez*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
Pedro Sánchez Rodríguez
*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
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Los derechos humanos han sido integrados en el discurso de todos los regímenes contemporáneos. No hay demanda, queja o sentencia que no esté escrita a partir de esta clave.

Junto con la economía de mercado y el capitalismo, los derechos humanos se han convertido en un principio base para entender nuestros tiempos. Su codificación internacional es un esfuerzo, no carente de ideologías e influencias parciales, de definir lo que es un ser humano y su dignidad, paralelo a un esfuerzo acelerado de integración económica global. Es decir, el discurso hegemónico de los derechos humanos y, sobre todo, su pretensión de universalidad, ha creado a un sujeto humano que se acomoda al orden político y económico mundial.

Costas Douzinas (2008), apunta que el triunfo de los derechos humanos en el s.XX es paradójico, porque éste fue un siglo de masacres, genocidios y limpiezas étnicas, porque en ningún momento de la historia de la humanidad ha existido el abismo entre pobres y ricos que existe en nuestros días y, porque en números absolutos, nunca tantas personas habían sido subyugadas, matadas de hambre o exterminadas como en nuestra época. Es paradójico, porque aun cuando a los derechos económicos, se le han sumado los civiles, políticos, sociales, culturales o ambientales, la concepción universal de lo que es un ser humano es imaginaria.

Dicha universalización únicamente es identificable por el número de tratados y cartas que la declaran y los países que la suscriben, pero esa persona únicamente puede existir por el reconocimiento en un set de artículos, pero sobre todo por “el reconocimiento de la unicidad absoluta de la persona y el deber de los otros de salvarla y protegerla”. Los derechos humanos no pueden concretarse como una armadora de autos que integra partes al ser humano, por el simple deseo de su consumidor final.

México se sumó a este nuevo paradigma de los derechos humanos con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, que trajo consigo nuevas políticas públicas, instituciones y regulaciones con la finalidad de que se garanticen y se respeten los derechos humanos de todas las personas. A poco más de diez años de su entrada en vigor, vivimos en un país en el que los derechos humanos son letra muerta y, contrario a su objetivo, la dignidad de las personas es menoscabada de manera sistemática. Sumada a la violencia ilegal e ilegítima de los cárteles, de la delincuencia organizada y la común, las violaciones a los derechos humanos del Estado mexicano se han incrementado afectando no a miles, sino a millones de personas.

El Estado mexicano no se ha comprometido de manera seria con los derechos humanos, sino con las mieles que le trae en materia de tratados internacionales y reputación global. De hacerlo, la CNDH estaría ocupada analizando las omisiones del Estado para evitar una escalada de violencia, que el Ejército no sólo no ha logrado evitar, sino que en ocasiones es parte de. Estudiando los mecanismos con los que cuentan las policías para regresar a miles de personas desaparecidas. Monitoreando el actuar de las autoridades de nuestro país, ante la crisis migratoria de los últimos años. Protegiendo de manera activa y tajante a los periodistas que son amenazados, y señalando activamente las fallas gubernamentales que no impidieron sus asesinatos.

Pero no. El máximo organismo defensor de los derechos humanos en el país, está abocado en fabricar recomendaciones en serie para romper récords de administraciones pasadas y justificar su existencia y, con esto, desaprovecha su autonomía y designio constitucional para incidir en la actuación de la administración pública federal. Su omisión en señalar el riesgo de los derechos humanos de comunidades indígenas y campesinas, con relación a obras como el Tren Maya o la continua militarización del país, pero también la falta de pronunciamientos con relación a la violencia familiar y casos de tortura sexual, señalados por organizaciones civiles como Centro Prodh, es un silencio que no se puede permitir este país.

En un país donde los muertos de la barbarie y la enfermedad han disminuido la edad promedio de la población (Escalante, 2021), la complicidad, la compasión y el silencio para el poder en turno puede salvar un trabajo, pero poco más.