Verdades incómodas

Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón y exdirector de la extinta Agencia Federal de Investigación (la AFI) con Vicente Fox, fue declarado culpable en todos los cargos en su contra: tráfico de cocaína, delincuencia organizada y declaraciones falsas a las autoridades estadounidenses. El caso reveló la red de corrupción y complicidades que el Cártel de Sinaloa tejió con el máximo referente de la estrategia de seguridad pública de los gobiernos panistas.

La resolución dictada por una Corte de Nueva York, es un hecho sin precedentes por tratarse del personaje que dirigió la estrategia contra el narcotráfico en México, y que recibió no sólo recursos públicos mexicanos, sino también apoyo por parte de Estados Unidos, tanto recursos económicos, como inteligencia e información privilegiada. El oficialismo ha utilizado la resolución de este caso para legitimar la sospecha que muchos de sus protagonistas han lanzado en contra de los gobiernos, ahora de oposición, sobre la posible cooptación del Gobierno por parte del narcotráfico.

Sin embargo, independientemente de que el caso señala particularmente a García Luna, existen implicaciones muy graves para el Gobierno mexicano. El discurso del oficialismo y de la opinión pública ha sido señalar al expresidente Felipe Calderón por su complicidad o su ingenuidad: si sabía de las tropelías de su secretario es cómplice, pero si no las sabía entonces es un incompetente. Ésa es una parte de la historia, y si la justicia no tiene elementos para comprobarlo, la política hará de las suyas y se las cobrará a él y al PAN.

Pero también existe una historia administrativa. Es imposible que García Luna operara solo. No sólo se trata de Cárdenas Palomino, quien fuera funcionario cercano al estratega de la guerra contra el narco, sino que se debió haber tejido una red de corrupción y complicidad dentro de las fuerzas de seguridad federales y nacionales, que le permitieron al Cártel de Sinaloa infiltrarse, operar y beneficiarse de su relación con la alta esfera del Ejecutivo federal mexicano. Es decir, existió una institucionalización de la corrupción dentro de la Secretaría de Seguridad, la Policía Federal, que si bien justificó la decisión de López Obrador de crear la Guardia Nacional, no implica necesariamente que la corrupción haya sido desterrada de las estrategias de seguridad.

Este juicio no es sólo en contra de García Luna, sino contra los políticos y funcionarios públicos de México, en general. Confirma la sospecha y la narrativa ampliamente esparcida en libros, cine y series, sobre la cooptación del Gobierno por parte del narcotráfico y aunque, sin duda, es una buena noticia conocer un poco de verdad, este caso nos lleva a una preocupante reflexión sobre la influencia política y económica del narco en las decisiones del Gobierno mexicano y su resultado en las condiciones de seguridad que enfrenta el país día a día.