Guacamaya y ciberseguridad

Gobernar incluye la probabilidad concreta de que el Poder Ejecutivo se acerque a principios elementales de prevención, detección, contención y manejo de crisis derivadas de ataques de agentes contrarios al interés superior de la nación, en cuyo nombre, por cierto, existe la tendencia de que hablen aquellos que quisieran su destrucción o demérito.

El principio aplica igualmente si se trata de actores insurreccionales, organismos delictivos de alta peligrosidad o grupos que se autorrepresentan como beneficiarios y promotores de mixturas de la travesura digital o presuntos intereses globales.

Durante cada minuto que se invierta en esta lectura, en México se estarán realizando decenas de miles de intentos de ciberataques. En contraste con la percepción de vulnerabilidad, especialmente luego del hackeo contra la Secretaría de la Defensa Nacional, el Índice Global de Ciberseguridad de la Unión Internacional de Telecomunicaciones califica a México con 81.86 puntos de 100.

El hackeo realizado por el grupo autodenominado Guacamaya, colocó en la agenda pública la ciberseguridad, que ya se analiza en el Congreso de la Unión por ser una preocupación ciudadana esencial, como hemos planteado desde hace casi cuatro años en el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la capital nacional.

Imposible no observar la controversia: mis hackers bienvenidos; los opuestos censurables; el acomodamiento de opiniones a partir de quienes son afectados o beneficiarios de la ilegalidad de la vulneración digital.

Las principales afectaciones registradas son, en orden de prevalencia, mensajes de desconocidos, infección por virus, fraudes financieros y violación a la privacidad. El año pasado, el robo de identidad dejó pérdidas anuales por 5 mil millones de pesos, de acuerdo con la Condusef.

Todo robo de datos —incluidos los casos de espionaje, entre los que figura el revelado contra la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, operado desde una oficina de la calle Sterling, presuntamente por funcionarios de la administración anterior— coloca a instituciones y personas en vulnerabilidad a otros delitos.

Fortalecer el marco legal es un pendiente en el que ya trabajan las comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación de las cámaras de Diputados y Senadores. Presididas por el diputado Javier López Casarín, empresarios y sociedad civil reconocen tres aspectos clave: el diseño y actualización de una estrategia nacional, la creación de una ley de ciberseguridad y acceso a las tecnologías de la información de forma segura.