A cinco días de que el Presidente López Obrador cumpla su primer año de gobierno, se recrudecen los problemas económicos y de violencia en el país: se advierte una recesión que, oficialmente, se niega; la petición de la familia LeBarón al presidente de Estados Unidos para que declare “terroristas” a los cárteles mexicanos y los persiga obligó al mandatario mexicano a rechazar cualquier intervención extranjera en México; y el Fondo Monetario Internacional redujo de 74 mil a 61 mil millones de dólares el crédito a nuestro país.
El vandalismo en la marcha feminista de la tarde-noche de ayer, con dos mil policías mujeres y contingentes policiacos incapaces de evitar pintas, quemas, destrucción y hasta una fogata en pleno Zócalo, frente a Palacio Nacional, dieron la impresión de que no hay autoridad alguna, ni federal ni capitalina, que se atreva a poner freno a tanta violencia.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
Contra lo dicho por López Obrador, de que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no es un crimen de Estado, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, reiteró ayer que sí lo fue, y recordó al que fuera vocero de Vicente Fox, Rubén Aguilar, al explicar “lo que quiso decir el Presidente”.
“El sentido claro del planteamiento del Presidente es que ahora el Estado asume realmente la responsabilidad; no vamos a encubrir este crimen que cometieron las autoridades de los gobiernos anteriores”, dijo el funcionario, quien se ha comprometido a aclarar lo sucedido hace más de cinco años en el municipio guerrerense de Iguala.
Insistió Encinas al señalar: “yo creo que es un crimen de Estado, en donde ahora el Estado, a diferencia del pasado, como lo dijo el Presidente ayer —el domingo—, tiene la obligación y el compromiso de esclarecer” la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, cuyos padres no cejan en exigir que “vivos se los llevaron, vivimos los queremos”.
Unánime y rotundo rechazo del Consejo General del INE al ofrecimiento presidencial de que para compensar el recorte presupuestal a ese organismo se les cubra con lo que se les aplicará a los partidos políticos, porque eso significa debilitar la autonomía de ese organismo.
En conferencia de prensa, y ante la presencia de siete de los 11 consejeros, que encabeza Lorenzo Córdova, enumeró algunas de las afectaciones inmediatas en el funcionamiento y operatividad, de cara a procesos electorales venideros, como renovar el equipo para monitorear las pautas de los partidos, por lo que se tendrán que revisar los convenios con dependencias del gobierno, a las que se les dan servicios gratuitos, y el mejoramiento de los módulos de credencialización.
