Por algunos años, Guatemala se convirtió en un faro de esperanza en el combate a la corrupción y la impunidad a través de un diseño institucional único: la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); una institución sui géneris que tuvo grandes consecuencias, pero que parece tener los días contados a pesar de que se celebraron elecciones presidenciales en Guatemala.
La CICIG fue creada en 2006 mediante un acuerdo del gobierno guatemalteco con la ONU con el objetivo de auxiliar al Estado en la investigación y procesamiento de casos complicados relativos, principalmente, a cuerpos armados que violentaran los derechos humanos de los ciudadanos. Esto, debido a que se mantenían secuelas de una cruel guerra civil que duró 36 años y que había concluido con más de 45 mil guatemaltecos desaparecidos y 200 mil muertos. La CICIG, a diferencia de otras instituciones de la ONU, fue dotada con facultades legales por el gobierno guatemalteco para investigar, denunciar y participar en el proceso penal bajo la figura de querellante adhesivo. Lo que resultó inesperado fue que la CICIG comenzó a trabajar desde su creación y se lanzó con fuerza en contra de casos mediáticos en los que evidenció ejecuciones extrajudiciales, malversaciones de fondos, fraudes, contratos anómalos y financiamiento electoral ilícito por parte de funcionarios de todas las ramas del gobierno. La Comisión pudo llevar a la cárcel a Otto Pérez Molina, quien fuera presidente entre 2012 y 2015, después de evidenciar una compleja red de corrupción conocido como “La Línea”. Después la CICIG encontró evidencias de que el siguiente presidente, Jimmy Morales, recibió financiamiento electoral ilegal cuando presidía su partido político e inició varios procedimientos legales en su contra, así como en contra de su hermano y su hijo por diversos episodios de fraude.
La respuesta del presidente Morales fue contundente. El 7 de enero de 2019, el acuerdo entre la ONU y Guatemala fue unilateralmente finalizado por el presidente, señalando que la CICIG había cometido actos ilegales, que había abusado de su poder y que había contravenido a la constitución guatemalteca. La ONU y el Poder Judicial local rechazaron y condenaron esta acción, pero nada podía hacerse ya. El desalojo de todo el personal de Naciones Unidas se concretará en un par de meses.
Desafortunadamente, los dos candidatos que llegaron al final de la contienda electoral por la presidencia tampoco tienen muchos incentivos para romper una lanza por la CICIG debido a que los dos han sido investigados por la institución. Sandra Torres está acusada de financiamiento ilegal de campaña en su candidatura presidencial de 2015, mientras que Giammattei fue acusado por ejecuciones extrajudiciales mientras dirigía el sistema penitenciario de Guatemala. Precisamente por ello ninguno de los dos candidatos se opuso a la expulsión de los fiscales de la CICIG y ninguno declaró su apoyo a la institución.
Guatemala está por entrar a un nuevo ciclo político con un nuevo presidente, pero, ante el desmantelamiento de una de las pocas instituciones que funcionaban en el país, el futuro no parece tan prometedor.
