Jueves 28.01.2021 - 09:12

En defensa de la UNAM

Coronavirus entre nosotros
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Como es notorio, la Universidad Nacional Autónoma de México atraviesa un momento complejo. Desde octubre y noviembre del año pasado se detonó, en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán y en la Facultad de Filosofía y Letras, un nuevo ciclo de protestas relativas —principal, aunque no exclusivamente— a justificadas consignas feministas que, con el paso de las semanas, se ha replicado en otras facultades y escuelas preparatorias.

A pesar de los intentos por volver a la normalidad generalizada, de manera parcial e intermitente, una veintena de comunidades y planteles han sido impactados por el actual conflicto.

Nadie en su sano juicio debería oponerse a que se terminen las prácticas de acoso, hostigamiento y cualquier otra conducta que genere violencia y sea un inhibidor para que las estudiantes y todas las mujeres de la comunidad universitaria puedan desarrollar en cabal libertad y tranquilidad sus actividades dentro de la máxima casa de estudios. El problema es que, desde que se empezaron a mezclar y confundir demandas con responsables, se han vuelto en extremo complejos los conflictos y difíciles las soluciones. Así, por ejemplo, un ambiente libre de acoso y discriminación dentro de los planteles de la UNAM es responsabilidad de las autoridades y de su comunidad. Pero de ahí a culpar a la universidad por la inseguridad en los trayectos desde o hacia sus instalaciones es francamente absurdo y muestra no entender que la seguridad en las calles es responsabilidad de los gobiernos, a través de las autoridades de Seguridad Pública. Con toda razón, se percibe actualmente mucho enojo y frustración entre colectivos feministas, considerando los lamentables hechos de los últimos días y las no menos lamentables respuestas por parte de las Fiscalías y los Gobiernos (tanto federales como de la Ciudad de México). Ahí están, como lacerantes ejemplos de esta triste y alarmante realidad, dos feminicidios de alto impacto: el de Ingrid Escamilla y el de la niña Fátima, aderezados por absurdas, indignantes e incomprensibles declaraciones presidenciales; como ésa de que la protesta feminista no debía opacar el “donativo” de la “autónoma” Fiscalía General de la República —esa misma que, para colmo, presentó una propuesta de Reforma Penal que descafeína al feminicidio— para la bolsa de ese monumental engaño conocido ya como la-rifa-no-rifa-del-avión-no-avión.

El conflicto universitario mutó en algo más complejo  al irse radicalizando las protestas, al ampliarse las formas de violencia a otros integrantes de la comunidad, y —muy importante y delicado— al infiltrarse agentes que tienen el claro propósito de desestabilizar a la UNAM. Las reformas aprobadas por el Consejo Universitario al Estatuto General de la UNAM para sancionar con expulsión o despido la violencia de género, así como el rechazo a cualquier forma de violencia, son medidas adecuadas para tratar de ir resolviendo el conflicto. Es del mayor interés que la UNAM recobre el camino de la regularidad institucional, una vez sanadas las heridas y resueltos los problemas que dieron lugar a la crisis, así como extirpar a los mezquinos actores e intereses que periódicamente pretenden minar la autonomía universitaria.