Hernández vs Mesa

Hernández vs Mesa
Por:
  • mauricioi-columnista

El primer apellido pertenece a Sergio, quinceañero residente en Ciudad Juárez, Chihuahua; el segundo corresponde a Jesús, agente de la Patrulla Fronteriza, adscrito a El Paso, Texas.

Las vidas de ambos se cruzaron el 7 de junio de 2010, cuando un grupo de jóvenes, entre los que se encontraba Sergio, jugaba en los terrenos del drenaje que se encuentra justo en la mitad de la frontera. El juego consistía en correr tocando la barrera del lado estadounidense y regresar al lado mexicano. Mesa detuvo a uno de los amigos de Sergio al que sorprendió del lado estadounidense. Sergio, quien también estaba de ese lado, corrió de regreso a suelo juarense, pero fue alcanzado en la cara por uno de los dos disparos del arma del agente. La muerte ocurrió en territorio mexicano.

Mesa señaló que los adolescentes eran polleros y que, previo al uso de su arma, le habían lanzado piedras a través de la barrera. Se ha demostrado que los muchachos no se dedicaban a la trata. Hay videos donde se observa que no hubo ningún ataque. No obstante, el Departamento de Justicia, del que depende la Patrulla Fronteriza, consideró que no hubo responsabilidad de Mesa. También rehusó la solicitud de extradición del Gobierno mexicano que considera al agente responsable de homicidio.

Los padres de Sergio alegaron ante diversos tribunales estadounidenses que las acciones de Mesa constituían violaciones a sus derechos civiles. La Constitución de ese país prohíbe las detenciones excesivas, pero no establece si, en caso de violar alguna de sus restricciones durante el arresto, los funcionarios pueden ser sujetos a juicio. Las leyes federales lo permiten tratándose de servidores públicos estatales, pero no está establecido explícitamente para los federales. A fin de responsabilizar a Mesa, se invocó un precedente de 1971 (Bivens), que afirma que el derecho para demandar a los funcionarios federales está implícito en la Constitución.

El pasado 25 de febrero, la Suprema Corte estadounidense decidió que Jesús Mesa no puede ser sujeto a un procedimiento de responsabilidad. El proyecto del magistrado Alito parte de señalar que las cuestiones relativas a la política exterior son responsabilidad de los poderes ejecutivo y legislativo, no del judicial. Dado que la muerte de Sergio Hernández se debió a un incidente internacional, la resolución considera que debe resolverse por la vía diplomática y no mediante un juicio. Además, rechaza la aplicación del precedente Bivens, advirtiendo que los tribunales deben abstenerse de admitir juicios en contra de agentes de la Patrulla Fronteriza involucrados en tiroteos. Permitir que sean sujetos a responsabilidad, concluye, reduciría la seguridad fronteriza. La aprobación del proyecto del magistrado Alito, siguiendo líneas partidistas (cinco votos conservadores a favor y cuatro liberales en contra), equivale a otorgarle a los agentes de la Patrulla Fronteriza licencia para matar, aun cuando asesinen a sangre fría a inocentes. Y todavía hay quien se pregunta porqué Carlos Fuentes escribió en Gringo viejo que nuestra frontera común es una cicatriz.