La entrega, por decisión propia, de dos altos exfuncionarios del gobierno de Sinaloa a la justicia estadounidense cambia, en algún sentido, la perspectiva de las cosas para la narrativa y la acción del gobierno mexicano.
Son personajes estratégicos por las funciones que cumplían. Uno se encargaba de las finanzas, en tanto que el otro era el responsable de la seguridad. Ambos eran claves en lo que se presume era y es la relación de complicidad y acuerdos con el narcotráfico.
La razón por la cual se entregaron la iremos conociendo. Por ahora, es claro que asumen algún tipo de responsabilidad. De otra manera no tendría sentido entregarse a otro país en el que seguramente, más allá de los acuerdos que logren, pareciera que pudieran tener capacidad de maniobra con respecto a las serias acusaciones que se les hacen.
• Acamoto: así, sí
El exsecretario de Seguridad se ofreció como testigo colaborador, un paso previo a la figura de testigo protegido, lo cual le podría dar ante la justicia estadounidense posibilidades de llegar a acuerdos en su beneficio.
Gerardo Mérida tiene un gran currículum, lo cual le fue redituando en reconocimiento en su larga carrera militar. Quizá algún día sabremos la razón por la cual terminó echando todo por la borda como se presume.
El exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz, todo indica que se entregó en Nueva York, muy probablemente bajo la misma idea que el general Mérida. Están buscando la manera de poder entenderse con las autoridades estadounidenses y que esto les reditúe en su favor. Lo cierto es que están en medio de un galimatías, porque es evidente que saben mucho y también porque al hablar se corren grandes riesgos; da la impresión que era su única salida.
El gobierno mexicano insiste en que no había pruebas fundamentadas y que lo que presentó el Departamento de Justicia de EU era un “simple papelito”, argumento que cada vez va pesando menos, al tiempo que está a nada de revertírseles.
La narrativa oficial se ha dedicado más a defender a los 10 que a investigarlos. Por más que se apele al caso de Chihuahua, es importante entender que cada cosa camina por vías propias. El multicitado mitin del sábado en la capital del estado terminó por ser un acto político menor y hasta provocador, más allá de lo que pudo haber sido el boicot del gobierno de Maru Campos.
El tiempo corre y tarde que temprano se cumplirán los 60 días que por ley están establecidos para que se presenten las pruebas. Lo que pareciera un hecho es que al entregarse los dos exfuncionarios va quedando claro que hay elementos suficientes como para fundamentar las acusaciones.
El problema para el gobierno no es sólo lo que está pasando. Lo importante es lo que se pueda venir, porque difícilmente las acusaciones terminarán en Sinaloa. Tiene que haber responsabilidades de quiénes echaron a andar la candidatura de Rocha Moya.
Se puede estar abriendo la caja de Pandora, porque junto con los 10 hay otras y otros que tienen que ver con esto. Además, EU ha anunciado, más bien amenazado, con dar a conocer otros nombres de personajes de alto nivel que estarían relacionados con el narco.
La Presidenta pudo empezar a matizar su narrativa al asegurar que no caben en el movimiento los corruptos, podría está adelantando que se tomarán decisiones y en una de esas hasta un planteamiento distinto ante las acusaciones desde EU, se ve remoto, pero da la impresión que algo insinuó.
Muchas dudas deben existir en el gobierno y Morena, porque tarde que temprano van a surgir nuevas acusaciones en contra de personajes de alto nivel. Lo que se ha hecho hasta ahora con Sinaloa va a tener que moverse con otros matices para lo que viene, porque de que viene, viene.
RESQUICIOS.
El Senador Inzunza asegura que es inocente. Sigue con fuero y no pareciera que vaya a solicitar licencia. Es inocente o está buscando cómo correr por su vida. En medio del lodazal es difícil creer en su inocencia.
“El pueblo bueno” se cansó
