La historia de María Elena Ríos… continuará…

“Estuvo el fiscal general del estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos, el secretario de Salud, Donato Casas, un particular del secretario de Salud, uno del fiscal, el vicefiscal regional de la Mixteca, una licenciada que iba de derechos humanos; fue un notario público para darle fe y legalidad al convenio y estaba el director general de Comunicación Social del estado de Oaxaca. Se tomó la foto, se firmó, se formalizó y me dieron copia del convenio así como el original del cheque, en representación de mi hermana”.

Así me describió Silvia Ríos la reunión a la que fue convocada casi en calidad de urgente, por parte de las autoridades de Oaxaca a inicios de esta semana, para formalizar su compromiso de ayudar a la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, en su tratamiento de recuperación.

Finalmente lo hicieron, después de días de silencio y evasivas, la familia de la joven saxofonista recibió el apoyo que esperaba para solventar algunos de los gastos de su nueva circunstancia.

“El día sábado como a las 7 de la noche me llama el secretario de Salud, Donato Casas, en donde me dice que ellos están a la orden, que qué es lo que necesito, que ahora mismo si quiero me lleva una psicóloga”.

El hecho resulta relevante porque justo ese día, en este mismo espacio, advertí el temor y la incertidumbre en los que se encontraba la joven saxofonista atacada con ácido, luego de salir del hospital en un estado físico y emocional frágil y sin recursos económicos para enfrentarlo.

Cuatro páginas bastaron para regresarle a la familia de María Elena un poco de la tranquilidad que se disolvió con ácido en el instante en que la joven fue rociada por el delincuente, que quién sabe con qué argucias —o complicidades— continúa prófugo de la justicia.

“Donde no me queda claro es en la cláusula tercera, donde dice que el gobierno se va a hacer cargo de hospedaje, comida y traslados y no me queda muy bien claro sobre las cirugías y todo el proceso médico que va a pasar mi hermana”, me dijo Silvia Ríos.

El gobierno de Oaxaca apoyará a la joven de 26 años, sin embargo la redacción del convenio en algunas cláusulas también es visto con reservas por parte de la abogada penalista —experta en derechos humanos— que ha tomado este caso de violencia de género desde la Ciudad de México.

[caption id="attachment_1096027" align="alignnone" width="696"] Músicos y feministas se manifiestan en las Oficinas Representativas de Oaxaca en la CDMX, el 16 de diciembre pasado. Foto: Cuartoscuro[/caption]

(Se trata de Ana Katiria Suárez Castro, la misma que logró la liberación de Yakiri, aquella joven encarcelada y acusada en 2013 de homicidio calificado del hombre que la secuestró y violó).

El convenio de apoyo que firmó la hermana de María Elena con el gobierno de Oaxaca, al parecer presenta algunas imprecisiones:

Menciona que María Elena ingresó al hospital civil de Oaxaca el 7 de septiembre de 2019, pero en realidad fue el 9 de septiembre, dos días después, pues antes estuvo en un hospital particular donde se atendió su emergencia.

El documento firmado por el secretario de Salud de Oaxaca, no reconoce la negligencia médica en la que se incurrió al no haberse concretado un traslado inmediato para la joven a un hospital de especialidades, y por el contrario se le mantuvo 3 meses en un centro que no contaba con la atención adecuada para su tipo de lesiones, lo que generó consecuencias en su salud que pudieron haberse evitado.

El documento afirma que la familia de María Elena solicitó su alta médica en el hospital de la CDMX. Pero su abogada afirma que la familia nunca la solicitó.

Se afirma que María Elena contó con un acompañamiento 24/7 por parte de Camila Isabel Sinofias Arencibas, lo que al parecer también es impreciso, ya que de acuerdo a la familia, el único acompañamiento que la joven recibió fue vía telefónica.

Pero independiente al compromiso de atención a la rehabilitación de la joven saxofonista, está el que tiene que ver con la justicia ante la agresión cometida en su contra, y ése representa un compromiso con todas las mujeres mexicanas: Que se haga justicia.

Juan Antonio Vera Carrizal, señalado como autor intelectual sigue libre y la fiscalía del estado de Oaxaca, a estas alturas no parece tener muchas pistas sobre su ubicación.

Ojalá no sea este un caso más de intento de feminicidio que quede en la impunidad, como tantos, y que no sea la administración de Alejandro Murat la que quede marcada por este caso ejemplar de violencia contra una mujer.