El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó que, en lo que va del actual Gobierno capitalino, las autoridades detuvieron a 220 personas por el delito de extorsión, así como a 141 más por este ilícito en grado de tentativa.
Por medio de un videomensaje, el funcionario local destacó que las aprehensiones de los sospechosos las llevaron a cabo los elementos de seguridad entre el 5 de octubre y el 20 de abril del presente año mediante diversos operativos. Aclaró que la mayoría de los casos son por extorsión indirecta o extorsión telefónica o virtual.
- El Dato: La SSC ha llevado a cabo 140 pláticas de medidas preventivas en casos de extorsión telefónica a empresas, instituciones públicas y privadas.
“Gracias a los canales de denuncia y a las estrategias de inteligencia, hemos podido ubicar, desarticular y detener a grupos generadores de violencia”, mencionó Vázquez Camacho.
La V. Carranza, Iztacalco y Cuauhtémoc, con mayores tasas de violencia familiar
El secretario local dijo que estas cifras en materia de seguridad derivan del incremento de las labores operativas en calles y colonias de la ciudad, así como al reforzamiento de los trabajos de inteligencia e investigación, a la creación de la Coordinación General de Atención a casos de Secuestro y Extorsión y el fortalecimiento del marco jurídico.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las carpetas de investigación abiertas por la fiscalía capitalina por el presunto delito de extorsión pasaron de 856 en 2019 a 472 en 2024, lo que representa una disminución de 44.8 por ciento.
Los datos muestran además que, en lo que va del presente año, las autoridades capitalinas han registrado al menos 291 casos de delito de extorsión.
- 44.8 por ciento disminuyeron las indagatorias por extorsión en los últimos 6 años
“En el caso de una extorsión indirecta telefónica o virtual se recomienda mantener la calma, no contestar llamadas o mensajes de números desconocidos, así como desactivar de manera inmediata la comunicación y, desde luego, no entregar ningún tipo de dinero o bien económico”, sugirió Vázquez Camacho.
El pasado 28 de abril, La Razón informó que, de acuerdo con el fundador de la asociación civil Ni Un Repartidor Menos, Saúl Gómez, los casos de extorsión a repartidores por aplicación pasaron de dos en 2021 a 300 en lo que va del presente año.
El activista mencionó que los repartidores son abordados en plazas comerciales por presuntos integrantes de sindicatos o de algún grupo delictivo para exigirles dinero para hacer base o recoger pedidos.
De acuerdo con el joven, las exigencias de dinero varían según la plaza comercial, por lo que, por ejemplo, los criminales pueden urgir un pago de 30 pesos diarios en una zona alejada de Tlalpan, hasta 400 pesos mensuales en una zona céntrica o del sur con alta afluencia de personas.
“Hay muchos repartidores que están siendo extorsionados en plazas comerciales por estar cerca de ellas. Hay gente que puede llegar y dice: ‘Soy de tal sindicato y me tienes que dar tanto’, o ‘soy de tal agrupación’; es más, le meten miedo a los repartidores con nombres de agrupaciones pues son violentas”, dijo en entrevista.
El anuncio de las detenciones se dio este lunes, día en el que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México publicó en el Diario Oficial de la Ciudad de México el acuerdo para la creación de la Fiscalía para la Investigación del Delito de Extorsión.
El documento señala que esta fiscalía estará con la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto; además, recibirá las denuncias, noticias o avisos relacionados con este posible ilícito.
La autoridad local también aclara que la nueva fiscalía indagará los hechos para la integración de la carpeta de investigación, ejercerá “las facultades constitucionales y legales, que corresponden al Ministerio Público”, asegurará bienes muebles e inmuebles que sean objeto, producto o instrumento del delito investigado.
En lo que se refiere a las víctimas, el acuerdo, que entra hoy en vigor, establece que la fiscalía debe garantizar “la atención integral y multidisciplinaria, así como las medidas de protección a las víctimas y a sus familias, de conformidad con los estándares que establece la normatividad”.
