Denuncia madre de Erick extorsión

Golpes, boletas patito... lo que niños recibían de colegio militar

Erika Torbellín reitera que el infante murió por congestión visceral generalizada; Trinidad asegura que su hijo tiene una fractura; SEP confirmó que papeles dados son falsos, dice víctima

Familia de Erick, ayer, en oficinas de la alcaldía Cuauhtémoc
Familia de Erick, ayer, en oficinas de la alcaldía Cuauhtémoc Fotos|Eduardo Cabrera|La Razón

Madres y padres de familia de alumnos de la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc denunciaron diversas irregularidades luego de la muerte de Erick, de 13 años, quien presuntamente fue torturado y asesinado durante un campamento que organizó la escuela en los límites de Morelos y el Estado de México, del 23 al 25 de abril.

En conferencia, la mamá del menor, Erika Torbellín, comentó que la necropsia de su hijo arrojó que murió por congestión visceral generalizada; sin embargo, dijo, Angélica “N”, una de las presuntas responsables, sugirió el último día del campamento, en la comunidad Felipe Neri, que el menor había muerto por insolación o a causa de un ataque de asma.

  • El Dato: En los próximos días se espera que se lleve a cabo la audiencia de vinculación a proceso de Angélica “N” y Juan Carlos “N”, que definirá su situación jurídica.

“Mi hijo se sentía mal, pidió auxilio muchas veces, para que yo recibiera tan sólo una simple llamada de Angélica ‘N’ para decirme que mi hijo tenía un poquito desnivelados sus signos vitales y por eso se lo había llevado la ambulancia, cuando mi hijo claramente a esa hora estaba prácticamente muerto”, lamentó.

Otras madres y padres que asistieron al evento explicaron que Angélica “N” y Juan Carlos “N”, instructora y director de la institución vinculados a proceso en Morelos por el presunto delito de homicidio calificado agravado, prometieron que en el campamento tendrían distintas actividades recreativas, pero, resaltaron, los torturaron, les quitaron la comida que enviaron los padres de familia y los hacían pelear por ella, entre otras agresiones.

Trinidad, madre de Ian Yoshua, quien era el mejor amigo de Erick, reclamó que Juan Carlos “N” le dio un puñetazo a su hijo en el estómago y actualmente tiene un yeso desde el muslo hasta el pie por una fractura de rótula ocasionada por hacer sentadillas hasta más no poder.

“Hay gente que está apoyando a la escuela, no entiendo por qué están diciendo que estamos pidiendo dinero, lo único que pedimos es justicia y que todos los que están en esa escuela paguen. Mi hijo dice que fue cobarde por haber permitido que mataran a su amigo”, abundó.

El 28 de abril, la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como la Autoridad Educativa Federal capitalina, confirmó que el campamento no fue autorizado, pues la institución, que operaba desde mayo de 2022 bajo el acuerdo de incorporación SECR-09220030, no avisó ni pidió permiso para la organización de éste.

Sellos de suspensión en la escuela militar el pasado 4 de abril.
Sellos de suspensión en la escuela militar el pasado 4 de abril. Fotos|Eduardo Cabrera|La Razón

Esa semana, el Instituto de Verificación Administrativa colocó los sellos de suspensión de actividades a la academia y el 5 de mayo, ésta informó que continuaría sus actividades por medio de las plataformas digitales institucionales.

“Derivado de la suspensión de actividades presenciales anunciada por las autoridades educativas, informamos que todas las clases y actividades académicas se desarrollarán a distancia hasta nuevo aviso”, indica el comunicado publicado por la escuela en redes sociales.

Elizabeth, madre de dos menores que iban en dicha escuela, uno en prescolar y otro en primaria, contó que el viernes pasado la SEP le confirmó que las boletas de los menores eran documentos falsos.

“Estoy molesta y estoy furiosa, mis hijos no tienen matrícula, no están registrados ante la SEP y todavía la academia tiene el cinismo de exigirme colegiaturas del mes de mayo, exijo que las autoridades tomen las medidas necesarias, al día de hoy mis hijos no tienen escuela”, argumentó.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, reclamó que, pese a la investigación y la suspensión, la escuela opera de manera clandestina. Agregó que descubrieron que hay alumnos que no están oficialmente inscritos ante la autoridad educativa, por lo cual las inscripciones son fraudulentas.

“Niños fantasmas, matrículas falsas, un fraude puro, a pesar de que la institución funciona desde 2022 no cuenta con programa interno de Protección Civil, no existen antecedentes en la base de datos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil”, sostuvo.

Más tarde, la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc emitió un comunicado en el cual “desmiente cualquie afirmación o especulación que vincule este hecho con un homicidio o alguna conducta dolosa atribuible al personal docente o administrativo de esta institución”.

El colegio aclaró que no hay sustento médico, legal ni documental en las afirmación que indican lo contrario; asimismo, calificó como “profesionales de la educación” a Angélica “N” y Juan Carlos “N”.

Sobre la necropsia citada por Erika Torbellín, la institución afirmó que no hay evidencia de que la congestión visceral generalizada haya sido causada por una intervención externa.

“El certificado, avalado por médicos legistas autorizados, señala explícitamente que el deceso no fue accidental ni violento ni producto de lesiones físicas”, aclaró la academia.

ACOSO TRAS EL CRIMEN. Erika Torbellín indicó que además de lidiar con su pérdida, se enfrenta a acusaciones por parte de la academia militarizada, incluso, expuso, la han intentado extorsionar para no hacerle más daño.

“Me han estado atacando, se meten directamente a mis redes sociales, a mi perfil para estar acosando, violentando, amenazando y quiero pedirle a la Fiscalía que haga su deber contra estas personas que cibernéticamente me están haciendo este acoso y violencia”, dijo.

Rojo de la Vega Piccolo informó que hasta ayer existían 10 denuncias ante la fiscalía local y en días se presentarán cuatro más por violencias, aunadas a otras carpetas que se levantarán por falsificación de documentos, extorsión y amenazas; además, hay otras nueve en Morelos.