El Gobierno de la Ciudad de México reservó la información sobre la entrega de apoyos emergentes para las 84 víctimas de la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de La Concordia, ocurrida el 10 de septiembre en los límites entre Iztapalapa y el municipio mexiquense de Los Reyes, Estado de México.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas local (Ceavi) respondió vía transparencia a La Razón sobre la clasificación de los datos por tiempo indeterminado, debido a que esto forma parte de la integración de una carpeta de investigación de las autoridades locales.
- El Dato: La Fundación Michou y Mau apoyó para trasladar a una menor de edad al Hospital Shriners para Niños Quemados, en Texas, Estados Unidos, para que reciba atención.
El 13 de septiembre, tres días después de la explosión, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, anunció que la administración daría un apoyo solidario emergente para las víctimas del caso.
De acuerdo con el funcionario, los apoyos serían de 20 mil pesos para los casos de personas hospitalizadas y de 50 mil pesos para víctimas mortales.
El último reporte de la Secretaría de Salud capitalina, del 23 de octubre, señala el deceso de 32 personas por la tragedia, además, cinco siguen hospitalizadas y otras 47 ya han sido dadas de alta.
Es decir, el Gobierno capitalino tendría que haber erogado un total de dos millones 640 mil pesos para las víctimas de La Concordia; un millón 600 mil para aquellas personas que fallecieron tras la explosión o en los hospitales y un millón 40 mil pesos para las víctimas dadas de alta y que siguen internadas.
- 20 mil pesos anunció el Gobierno que entregaría a víctimas lesionadas
- 84 personas resultaron afectadas por la explosión y, de ellas, 32 murieron
Este diario solicitó vía transparencia a la Ceavi todo comprobante que demuestre que, efectivamente, el Gobierno capitalino brindó estos recursos; asimismo, que indicaran cuánto, cuándo y a quiénes se dieron las ayudas emergentes, como un ejercicio de rendición de cuentas.
En su respuesta, el director del Fondo de Víctimas de la Ciudad de México, Ramón Alberto Rojas Ruiz, indicó que no era posible la entrega de la información, porque estaba clasificada como reservada.
“Esta dirección se encuentra imposibilitada a transmitir la información ya que tiene el carácter de RESERVADA, toda vez que forma parte de una carpeta de investigación en integración”, se lee en el documento entregado y firmado por el funcionario.
Al respecto, el titular de la Ceavi, Ernesto Alvarado Ruiz, afirmó en entrevista que la información solicitada contiene datos personales, esto, a pesar de pedir versiones públicas de documentos y datos.
“Estamos en la obligación de ley de proteger la información, dado que forma parte de una carpeta de investigación. Eso nos impide que podamos hacer públicos datos precisos”, dijo el funcionario, quien aseguró que los apoyos han sido entregados a las 84 víctimas o a sus familias.
“Empezaron a entregarse al día siguiente del hecho. En el caso de las personas fallecidas se entregó a un familiar. Y a las personas lesionadas se les localizó y se les entregó el apoyo de emergencia”, explicó.
Alvarado Ruiz también indicó que se brindaron apoyos de gastos funerarios en el caso de quienes fallecieron y servicios gratuitos de asistencia psicológica, a través de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.
A pesar de esto, la reserva de información no permite acceder a comprobantes de los apoyos entregados por el Gobierno capitalino. Tampoco se sabe a partir de cuándo será pública esta información, ya que la Ceavi no indicó el periodo de la reserva.
“No podemos establecer un periodo determinado porque se trata de un asunto donde han tipificado delitos y abierto una carpeta de investigación. Mientras siga el proceso no podemos compartir la información de las personas involucradas.
“Lo que sí puedo asegurarle es que todos los casos están siendo atendidos”, sostuvo el comisionado de víctimas al ser cuestionado al respecto.
Lo anterior contrasta con el artículo 106 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que indica que no se pueden establecer reservas con un tiempo indeterminado.
“Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva”, precisa el documento oficial.
La ley también obliga a las dependencias a aplicar una prueba de daño, respaldada por un Comité de Transparencia, mas la Ceavi no entregó documento de que esto haya pasado.
“Los datos sobre el manejo de la información vía transparencia se lo podemos proveer de manera formal, pero sí quiero dejar en claro que mientras sea objeto de un asunto judicial no podemos compartir la información por seguridad de los propios ciudadanos que nos proveen de sus datos personales”, enfatizó sobre lo anterior Alvarado Ruiz.
El 6 de octubre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reservó por tres años los videos captados por las cámaras de vigilancia ubicadas en el área, pues forma parte de la carpeta de investigación contra la empresa Transportadora Silza, S.A. de C.V., de acuerdo con la revista Emequis.
“La Fiscalía contesta de la misma manera en todas las solicitudes en las que se pide acceso a carpetas de investigación. La ley nos obliga a señalar que la información está reservada por un plazo de tres años. Esto no significa que la investigación durará ese tiempo ni que queramos esconderla”, justificó la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, al día siguiente.