Las y los vecinos desalojados del inmueble en República de Cuba 11, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, presentarán próximamente una iniciativa de Ley contra los despojos en la capital y los casos de fraudes procesales para simular despojos como desalojos.
En conferencia de prensa el abogado de las víctimas del desalojo, Arturo Aparicio, destacó que esta serie de reformas buscarán evitar casos como el Cuba 11, que ha dejado a 19 familias en un campamento en la calle por más de dos meses, desde el 27 de agosto.
Asimismo, las y los vecinos realizarán una campaña en pro del derecho a la vivienda, con foros y firmas de apoyo.
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“La idea es hacer foros con personas desalojadas y canalizar la iniciativa a través del mismo gobierno de la Ciudad de México. Pero entendemos que detrás del congreso y del Poder Judicial hay muchos intereses inmobiliarios” comentó el defensor a La Razón.
La iniciativa plantea 14 modificaciones a la Ley de Constitucional de Derechos Humanos, el Código Civil, Código Penal y la Ley Registral de la Ciudad de México.
Entre las medidas propuestas destaca que, en casos de fraude procesal para la apropiación de un inmueble, se aplicará de sanción la extinción de dominio sobre este. El predio sería destinado a vivienda social a través del Instituto de Vivienda de la CDMX (INVI).
Así como la tipificación del despojo simulado, en casos donde despojos se hagan pasar como desalojos. “El despojo es cuando alguien se apropia de manera ilegal de un inmueble y el desalojo es cuando sí hay una orden de una autoridad. En Cuba 11 pasó un despojo que se ha disfrazado con el Poder Judicial y Seguridad Ciudadana como un desalojo”, explicó Aparicio.
Otro cambio formulado es que los jueces están obligados a verificar la legalidad de un desalojo y la protección a derechos humanos de las personas desalojadas. Estos procedimientos serían documentados por la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX y el INVI.
Por último, otra iniciativa es que los cargadores que participen en un desalojo deberán estar previamente identificados y capacitados. Y que el INVI deberá canalizar a personas desalojadas que sean vulnerables y de bajos recursos a un programa de renta social o de adquisición de vivienda social.
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MSL
