Venustiano Carranza, Iztacalco y Cuauhtémoc son las alcaldías que registran las tasas más altas de violencia familiar por cada 100 mil habitantes en lo que va de enero a octubre de este año, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
La información muestra que en los primeros 10 meses de 2022 y 2023, la alcaldía Iztacalco, que en ese momento era gobernada por el morenista Armando Quintero Martínez, se posicionó en el primer sitio con más de 500 ilícitos de este tipo por cada 100 mil habitantes. Para 2024, último año de mandato del político, la cifra disminuyó a 497 y en el presente año, con la administración de Lourdes Paz Reyes, suman 412.
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Este año, Venustiano Carranza, que gobierna la morenista Evelyn Parra Álvarez, se colocó en la primera posición con 431 hechos de violencia familiar por cada 100 mil habitantes. En tanto, Cuauhtémoc, que pasó de ser administrada por Sandra Cuevas Nieves ahora por Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, está en la tercera posición con 384.
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De acuerdo con la directora de la Red Nacional de Refugios (RNR), Wendy Figueroa Morales, la violencia familiar en estos tres territorios capitalinos no es una anomalía, pues la identificó como “expresiones directas de la profunda desigualdad estructural que atraviesa a la capital”.
La activista dijo a La Razón que estas tasas de delitos reflejan la ausencia de políticas integrales y sostenidas para prevenir, atender y sancionar las agresiones contra mujeres, niñas y niños.
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“En territorios como Cuauhtémoc y otras zonas de alta incidencia convergen factores como la precariedad, las desigualdades económicas y la falta de servicios suficientes y accesibles, lo que incrementa la vulnerabilidad de quienes viven violencia dentro de sus entornos familiares”, apuntó Figueroa Morales.
La también psicóloga feminista explicó que la desigualdad económica, la dependencia financiera, los roles de género rígidos, los mandatos patriarcales, el aislamiento y la ausencia de redes de apoyo son la base que sostiene y alimenta la violencia familiar.
“La violencia familiar no surge de manera espontánea, es producto de un sistema que la permite y la reproduce”, enfatizó la especialista.
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Durante la pandemia de Covid-19, las autoridades mexicanas y capitalinas recomendaron salir lo menos posible de casa para evitar contagios. Esta situación causó otro problema: un alza de la violencia de género, misma que fue calificada por la entonces secretaria de Gobernación federal, Olga Sánchez Cordero, como una pandemia.
Figueroa Morales mencionó que aún es una constante en Venustiano Carranza, Iztacalco y Cuauhtémoc, y en todo el país, la normalización de la violencia dentro de los hogares, además que la impunidad y falta de castigo a los agresores refuerzan el problema.
“Cuando el Estado no investiga, no sanciona ni protege, los agresores se sienten habilitados para continuar. Esta permisividad institucional genera un entorno donde la violencia no sólo persiste, sino que se vuelve más letal con el tiempo… es la antesala para el feminicidio”, dijo.
En su análisis, la directora de la RNR indicó que es fundamental hablar de violencia familiar, término jurídico que reconoce que las agresiones pueden ejercerse entre personas unidas por lazos familiares, haya o no convivencia.
Figueroa Morales comentó que las señales tempranas de la violencia familiar pueden pasar desapercibidas, porque suelen normalizarse, ya que son vistas como “conflictos domésticos”.
A medida que ésta se va haciendo más presente, las mujeres observan que los agresores suelen minimizar la violencia al decirles que “exageran”, que “se lo imaginan” o que “es su culpa”.
“Desde la Red Nacional de Refugios hemos identificado que la violencia emocional y psicológica casi siempre precede a la física y las mujeres y sus familias deben estar muy perceptivas”, mencionó Figueroa Morales.
La activista feminista recalcó que las mujeres de Iztacalco, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc o cualquier otro lugar no deben enfrentar la violencia solas.
“Lo más importante es entender que ellas no son responsables de las agresiones; el único responsable es quien violenta. Recomiendo que busquen apoyo especializado como la Línea de Atención de la RNR, refugios, organizaciones feministas o instituciones locales”.
“También pueden elaborar un plan de seguridad personalizado, identificar personas de confianza para resguardar documentos o medicamentos y evitar confrontar al agresor. En situaciones de riesgo inminente, es indispensable llamar a emergencias y solicitar medidas de protección”, advirtió.
MÁS PROTECCIÓN. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció la semana pasada que envió una reforma al Congreso capitalino con la que busca diferenciar con claridad el delito de violencia familiar del de violencia de género.
Esto debido a que el primero se refiere a agresiones cometidas entre integrantes de una misma familia, mientras que la violencia de género implica actos dirigidos específicamente contra las mujeres por razones de género.
“Hoy reafirmamos ese principio: la violencia debe ser nombrada, denunciada y sancionada, ocurra donde ocurra y venga de donde venga. Con estas reformas avanzamos hacia una ciudad que no tolera la violencia contra las mujeres”, dijo.
La directora de la RNR compartió la misma necesidad que las autoridades capitalinas y subrayó que esta distinción es fundamental, debido a la histórica protección de los agresores, la cual ha impedido que las víctimas accedan a justicia.
“Hemos documentado que la mayoría de las mujeres que llegan a nuestros refugios han vivido ciclos prolongados de violencia psicológica, económica y de control coercitivo, factores que suelen anteceder intentos de feminicidio, especialmente cuando el Estado no otorga medidas de protección ni sanciona al agresor.
