En la última jornada legislativa de 2025, que se prevé maratónica, las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México aprobaron por unanimidad y en fast track un paquete de reformas a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la CDMX.
Con 43 votos a favor y ninguno en contra, se avalaron más de 50 modificaciones a esta legislación, derivadas de cuatro iniciativas presentadas por legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), Morena y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), así como de un oficio enviado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Entre los cambios aprobados destaca el fortalecimiento del Servicio Profesional de Carrera de los elementos de la SSPC, mediante nuevos programas de profesionalización y capacitación, además del diseño de un procedimiento específico para sancionar a policías que incumplan reglamentos o cometan delitos.
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Para la aplicación de estas medidas, la Secretaría de Seguridad estará facultada para crear órganos colegiados que supervisen los procesos disciplinarios y de carrera policial.
La reforma también incorpora en la ley las funciones del Gabinete de Seguridad de la Ciudad de México, que anteriormente se encontraban definidas únicamente en un reglamento, así como la creación de gabinetes de seguridad regionales, integrados por dos o más alcaldías, con el objetivo de mejorar la coordinación territorial.
Asimismo, se aprobó la incorporación de la Brigada de Vigilancia Animal a la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana como parte de la Policía Preventiva, propuesta impulsada por la diputada de Morena, Adriana Espinosa.
Durante el proceso legislativo, se discutió una iniciativa del diputado panista Mario Enrique Sánchez para homologar el sistema de salud de la Policía de Proximidad (PP) con el de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) y la Policía Auxiliar (PA); sin embargo, la propuesta fue desechada en comisiones debido a los costos que implicaría y a posibles riesgos legales y laborales.
También fue rechazada una iniciativa de la diputada morenista Yuriri Ayala, que planteaba la reasignación temporal de policías con discapacidad temporal a funciones administrativas, así como el otorgamiento de bonos adicionales.
De igual forma, el diputado del PVEM, Víctor Varela, propuso otorgar nuevas facultades de investigación a la policía, pero la medida no prosperó al contravenir lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que reserva estas funciones al Ministerio Público.
No obstante, el Pleno sí avaló precisar las funciones de inteligencia, proximidad social y custodia de la policía, entre ellas el análisis de tendencias delictivas y la atención a víctimas durante las investigaciones.
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