La representación legal y la familia del fotoperiodista Miguel Hernández Rojas, quien falleció mientras trabajaba en el festival Axe Ceremonia, denunciaron que la audiencia inicial del proceso penal por su muerte permanece detenida desde hace 98 días debido a un amparo.
Familiares y periodistas protestaron frente a los Juzgados de Distrito en Materia Penal, en la alcaldía Álvaro Obregón, para exigir que el proceso siga su curso con el objetivo de que el joven tenga justicia.
- El Dato: Luego de haber sido suspendido, el Parque Bicentenario reabrió sus puertas el 1 de julio de 2025 y opera bajo un esquema mixto entre el Estado y privados.
“La jueza María del Carmen Sánchez Cisneros tiene por su decisión judicial detenido el proceso. Hasta que ella no resuelva ese amparo y que ordene que se puede celebrar la audiencia inicial, ése es el momento en que a nosotros nos notificarán. Hasta ahora no tenemos una fecha para la celebración de la audiencia inicial”, explicó la abogada de Miguel, Tábata Salas Ramírez.
Avanza la iluminación del Centro
Esto, porque la defensa de la otra víctima del evento, la fotoperiodista Berenice Giles Rivera, interpuso el amparo 853/2025, en el que solicita que la audiencia inicial por homicidio culposo no se lleve a cabo hasta que la promotora Operadora de Centros de Espectáculos, S.A. de C.V., conocida como OCESA, y la empresa Servicios de Protección Privada Lobo, S.A. de C.V., sean imputadas de manera conjunta con las otras ocho personas físicas y tres empresas que ya fueron señaladas por el delito. El recurso les fue otorgado el 16 de octubre.
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La manifestación se dio a poco más de nueve meses de que ambos fotoperiodistas fallecieron luego de que una grúa instalada en el festival de música Axe Ceremonia, en el Parque Bicentenario, les cayó. De acuerdo con la Fiscalía capitalina, la máquina no estaba incluida en el Plan de Protección Civil que se entregó a la alcaldía Miguel Hidalgo y su instalación ocurrió el día del concierto, el 5 de abril de 2025.
Sobre esto el edil de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, dijo en su momento que su alcaldía está libre de responsabilidad y que los primeros responsables son los organizadores del Axe Ceremonia que no entregaron el plan de protección civil adecuado y las empresas que contrató para el arrendamiento de las grúas.
“El primer responsable es quien organiza el evento, empieza a resultar sospechoso que no se haya señalado a los organizadores del evento. Y empiezan a apuntar hacia otros, yo lo único que digo es que los organizadores del evento son los que violaron el programa especial de Protección Civil”, dijo.
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Ayer, los manifestantes solicitaron también que el Tribunal de Disciplina Judicial evalúe el trabajo de Sánchez Cisneros, quien es Jueza Cuarto de Distrito en Materia Penal, pues, aseguró Salas Ramírez, “favorece a las personas señaladas como responsables en casos de alto perfil”.
La litigante sostuvo que la jueza fue responsable de resolver en favor de los casos de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, para que no se le imputara algún delito más; a Sofía Von Roehrich, relacionada con el Cártel Inmobiliario, y el exfiscal de Morelos, Ulises Carmona Gándara, a quien amparó para evitar su extradición a Estados Unidos.
“Es la primera vez que tenemos conocimiento de que una jueza de distrito en materia de amparo ordena expresamente que no se celebre una audiencia inicial para imputar cargos penales”, aseveró la abogada de Hernández Rojas.
La litigante agregó que, hasta el momento, la Fiscalía local ha reunido pruebas suficientes para imputar la responsabilidad de la muerte de Miguel Hernández y Berenice Giles a tres empresas y a ocho personas físicas que prestaron sus servicios durante el Axe Ceremonia, pero no a OCESA o seguridad Lobo.
En contraste, la Fiscalía local informó en octubre que OCESA no tuvo relación con el accidente ocurrido en el Axe Ceremonia y la seguridad Lobo no tenía responsabilidad sobre el montaje de las grúas ni sobre el programa de Protección Civil.
“OCESA no fue organizadora del evento ni tuvo calidad de garante. Su participación se limitó a servicios de control de accesos y a la comercialización de patrocinios, sin relación con la estructura que colapsó ni con el Programa Especial de Protección Civil”, se leyó en un comunicado.
La Razón solicitó a OCESA su posicionamiento sobre el caso de Miguel Hernández y Berenice Giles, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
DÍAS SIN JUSTICIA. La familia del fotoperiodista ancló al suelo de la banqueta del edificio de los Juzgados de Distrito en Materia Penal un “contador de la impunidad”, integrado a un antimonumento que registra los días transcurridos sin que se haya celebrado la audiencia inicial del caso.
“Soy la mamá de Miguel Ángel y estoy aquí porque a tantos meses de su muerte seguimos sin avance. Me duele mucho que el proceso se haya detenido por un amparo porque íbamos bien y de repente todo se paró. Eso nos lastima como familia porque sentimos que cada vez la justicia se aleja”, expresó Graciela Rojas Paredes, madre del joven.
La familia estuvo acompañada por personas encapuchadas de negro y periodistas para la colocación del “contador de impunidad” y también actuaron como escudo para que los policías del edificio judicial no se acercaran a impedir la colocación del antimonumento.
Para evitar que el antimonumento sea retirado de la banqueta del edificio, la representación legal de Miguel Hernández ingresó escritos ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
Salas Ramírez explicó que existen diferencias entre su postura jurídica y la de la defensa de Berenice Giles, aunque subrayó que no hay conflicto entre las familias, ambas afectadas por la pérdida de sus hijos.
“Lo que no aceptamos es que bajo el argumento de que todas (las empresas) se imputan, al mismo tiempo se detenga la única audiencia que permitiría iniciar el proceso penal. No quiere decir que OCESA o Lobo no se puedan imputar de manera posterior”, puntualizó la abogada.
