La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, confirmó que la Fiscalía General de Justicia local inició una investigación para determinar las causas del colapso del edificio localizado en San Antonio Abad 124, el cual dejó un saldo de tres trabajadores fallecidos.
En conferencia, la mandataria capitalina confió en que el órgano autónomo lleve a cabo las investigaciones necesarias con transparencia para que la empresa Demec, responsable de la demolición del inmueble, asuma la responsabilidad que se dicte.
- El Dato: La alcaldía Cuauhtémoc informó que el lugar no acreditó contar con el Programa Interno de Protección Civil ni tenía las medidas de protección para la zona.
“Ya la Fiscalía General de Justicia inició una investigación sobre los hechos. El Gobierno de la Ciudad de México expresa la voluntad de que esta investigación, como todas, se conduzca con transparencia y se lleve a cabo hasta las últimas consecuencias, para deslindar todas las responsabilidades necesarias”, dijo.
Brugada Molina explicó que el inmueble era privado y estaba en proceso de demolición debido a daños estructurales provocados por el sismo de 2017, por ello estaba clasificado como de alto riesgo y en 2018 se notificó al propietario que debía demolerse.
- 57 trabajadores laboraban en la demolición del edificio al momento del accidente
Ante cuestionamientos sobre por qué el edificio no había sido demolido antes, la morenista señaló que la responsabilidad de realizar esos trabajos corresponde a los propietarios del inmueble.
De acuerdo con la Secretaría de Vivienda, los propietarios constituyeron en 2020 el Fideicomiso 777 San Antonio Abad para gestionar los trabajos de demolición y que en julio de 2025 solicitaron facilidades administrativas ante la Comisión para la Reconstrucción para realizar las obras.
Debido a esto, la ejecución y responsabilidad de los trabajos corresponde a los particulares, quienes deben cumplir con las medidas de seguridad y la normatividad vigente.
“Es un edificio privado. No es del Gobierno ni de ningún otro gobierno y como tal, es responsabilidad de los dueños hacer la demolición”, afirmó Brugada Molina.
La Jefa de Gobierno expresó su solidaridad con las víctimas y aseguró que su administración capitalina ya brinda acompañamiento a los afectados.
La morenista indicó que las autoridades ya establecieron contacto con las familias de los tres trabajadores fallecidos en el colapso, mismos que eran originarios de Hidalgo, Estado de México y Veracruz. Precisó que ya se les brinda acompañamiento por medio de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
“Desde la instalación de un espacio que estuviese cerca del lugar donde fue el rescate, hasta la contratación de un hotel en donde ellos puedan estar descansando”, explicó Brugada Molina desde el Palacio de Ayuntamiento.
EXIGEN VIVIENDA. La Unión de Lucha Vecinal Valle de Anáhuac protestó ayer sobre la Calzada de Tlalpan, frente del edificio que se derrumbó, para solicitar al Gobierno capitalino que el predio sea expropiado y se convierta en vivienda social.
Más de 60 personas protestaron afuera del lugar siniestrado, al que autoridades capitalinas y de la alcaldía Cuauhtémoc colocaron sellos de suspensión de actividades.
Los manifestantes plantearon que si la administración capitalina no expropia el predio, sí podría comprarlo al dueño para la construcción de hogares para “gente trabajadora” y así hacer frente a la gentrificación.
