“Me piden el dinero, por debajo del agua, para que hagan su trabajo y ¡no se vale!”, denunció Claudia Zaldívar, madre de Edith Guadalupe, víctima de feminicidio, al referirse a presuntos actos de corrupción de un Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Esa autoridad registró un alza de 657 por ciento en las indagatorias en contra de servidores públicos por cohecho.
De acuerdo con las carpetas de investigación del órgano autónomo, analizadas por La Razón, en 2024, aún bajo la dirección interina de Ulises Lara López, sólo hubo 26 carpetas de investigación por este presunto ilícito cometido por servidores públicos.
La información de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos no detalla la institución a la que pertenece el servidor o funcionario público denunciado, pero establece la alcaldía en la que ocurrió la “mordida” o el soborno. En ese año, la demarcación con más casos fue Cuauhtémoc, con seis.
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Un año después, con la llegada de Bertha María Alcalde Luján al frente de la Fiscalía local el 10 de enero, la institución abrió 197 carpetas de investigación, es decir, 657 por ciento más que el año previo. Las alcaldías en las que sucedieron los actos delictivos fueron Cuauhtémoc, con 56, e Iztapalapa, con 37.
El consultor en CIS Pensamiento Estratégico, Fernando Jiménez Sánchez, consideró que el aumento de las carpetas de investigación en contra de servidores capitalinos por presunto cohecho puede ser un reflejo de la labor de la autoridad por desterrar las malas prácticas, aunque, aclaró, esto es complicado por la normalización de estos comportamientos.
“Yo creo que lo que está pasando es que se está generando un proceso de mayor confianza para que se abran las carpetas de investigación. El problema, digamos, es que existen una serie de malas prácticas que llevan a la corrupción, y esto está completamente interiorizado en los servidores públicos.
“Dentro de la lógica que tienen internamente en la Fiscalía es algo normal, es como pedir dinero por una copia, que así debe ser y hay que darle dinero a la secretaria para que suba el expediente o lo baje. Son las prácticas de las fiscalías y del Poder Judicial”, dijo en entrevista.
El ejemplo más reciente sobre este comportamiento dentro de la Fiscalía es el del Policía de Investigación, a quien la familia de Edith Guadalupe denunció por, presuntamente, solicitarles dinero para agilizar la búsqueda de la joven.
Esto, sumado a otras omisiones de dos servidores más de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, causó un retraso de 15 horas en la búsqueda de la joven, a pesar de que la familia proporcionó la dirección del inmueble al que asistió la joven de 21 años. En ese lugar, el 15 de abril, el vigilante Juan Jesús “N”, supuestamente, la asesinó.
El pasado 20 de abril, la titular de la Fiscalía capitalina, Bertha María Alcalde Luján, reconoció no sólo la burocracia dentro de la institución, que, afirmó debe cambiar para ser sustantiva, sino también las malas prácticas. El uniformado señalado ya está suspendido.
- EL DATO: EL DÍA de hoy se reanudará la audiencia en contra de Juan Jesús “N”, por el presunto feminicidio de Edith Guadalupe. La Fiscalía afirma que hay pruebas para su imputación.
“Tenemos todo un plan para hacer la reestructura, todo un plan que atiende el tema de la corrupción. Ojalá pudiéramos llegar y que todos estos problemas desaparecieran, nada más por voluntad, por trabajo en los primeros meses, pero es más difícil que eso.
“La labor requiere repensar los procesos que tenemos en estas instituciones, requieren capacitar mejor a nuestro personal, sensibilizarlo y en esto estamos trabajando”, sostuvo la fiscala al ser cuestionada sobre los actos de corrupción dentro de la institución y una reforma a fiscalías, que, dijo, apoya.
Jiménez Sánchez además expuso que la sociedad también es consciente de esta problemática dentro de las instituciones de seguridad y que el trabajo que realicen no será el adecuado; es decir, se normaliza la problemática.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, al menos 82 por ciento de la población consideró en 2024 que los jueces, ministerios públicos y fiscalías de la ciudad son corruptos.
El estudio revela también que 27.7 por ciento de la población de 18 años y más consideró que la corrupción es uno de los cinco temas que más le preocupa en la Ciudad de México.
A decir del analista de CIS Pensamiento Estratégico, es necesario que el órgano capitalino tenga cambios en sus modelos de trabajo, principalmente, desde la base trabajadora y su conciencia sobre su labor para garantizar la justicia.
“Tiene que haber una reingeniería dentro de la fiscalía muy profunda en donde cambie la forma en que los servidores públicos conciben el trabajo que hace la misma Fiscalía”, dijo.
SOSPECHOSOS. La Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos detalla en su información que en lo que va del presente año ha abierto mil 93 indagatorias por este tipo de casos.
Los datos muestran que los crímenes de los cuales ha habido más denuncias son abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública, con 415 hechos que representan 37.9 por ciento del total de casos.
A estos crímenes le siguen aquellos relacionados contra la administración de justicia, como el entorpecimiento o retardo de los procedimientos legales, con 330 carpetas de investigación. En tercer sitio está el ejercicio ilegal y abandono del servicio público, con 62.
En los tres casos, las cifras registradas durante 2026 representan un alza, casi del doble respecto a las reportadas durante todo 2024.


