La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, envió al Congreso capitalino una iniciativa de reforma constitucional para limitar el aumento de rentas, establecer una política integral de vivienda asequible y reconocer el derecho al arraigo vecinal.
Esto sucede en un contexto de encarecimiento, ya que en algunas zonas de la ciudad las rentas aumentaron más de 30 por ciento entre 2019 y 2023, mientras que el costo de la vivienda se duplicó entre 2015 y 2025, de acuerdo con datos del propio Gobierno capitalino.
“Proponemos establecer a nivel constitucional que los precios de las rentas no pueden subir por encima de la inflación. En los contratos de arrendamiento de inmuebles de uso habitacional, la renta no podrá incrementarse anualmente más allá de la inflación del año anterior, reportada por el Inegi”, señaló el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton.
Según la propia Brugada Molina, casi cuatro de cada 10 hogares en situación de pobreza viven en renta, lo que es más del doble que en los sectores de mayores ingresos, y que ellos destinan la mitad de sus ingresos al pago de vivienda.
Actualmente, cerca de dos millones de personas en la Ciudad de México habitan en viviendas rentadas; es decir, una de cada cuatro; además, entre 2010 y 2020 los inquilinos crecieron en 135 mil personas, con mayor concentración en zonas centrales, donde más del 40 por ciento de la población alquila.
La propuesta incluye que el Gobierno capitalino implemente una política integral para ampliar la oferta de vivienda social y asequible con énfasis en jóvenes y población de bajos ingresos.
También, busca que incremente su reserva territorial “permanentemente”, mediante la adquisición de suelo para la construcción de vivienda social.
Un elemento más de la propuesta de la mandataria es la creación de una institución pública encargada de mediar entre arrendadores e inquilinos, con el objetivo de generar relaciones más justas y con certeza jurídica ante la falta de regulación efectiva.
La reforma también incorpora el derecho al arraigo vecinal y comunitario, que reconoce la permanencia de las personas en los lugares donde han desarrollado su vida.
“Las personas habitantes de la ciudad tienen derecho al arraigo vecinal y comunitario… y a la permanencia en donde se han desarrollado sus proyectos de vida”, indicó De Botton.
El proceso legislativo continuará en septiembre, cuando el Congreso local discuta tanto la reforma constitucional como la legislación secundaria en materia de rentas.
De acuerdo con el diagnóstico de la administración capitalina, el fenómeno de la gentrificación contribuyó a que alrededor de 500 mil personas fueran desplazadas de la ciudad en 2020.
Clara Brugada dijo que el impacto es especialmente fuerte para la población joven, ya que, más de la mitad de quienes rentan tienen menos de 30 años y que sólo uno de cada diez cuenta con vivienda propia.
“Cuando un principio se incorpora a la Constitución, deja de depender de la voluntad en turno y se convierte en una responsabilidad de Estado”, afirmó la mandataria capitalina.
