Quienes compitan por un cargo de juez o magistrado a nivel estatal en las elecciones del próximo 1 de junio, lo harán sin blindaje contra riesgos para su integridad física o amenazas, y en medio de una gran disparidad en las reglas de las contiendas, según la entidad de que se trate.
De acuerdo con un estudio elaborado por la organización civil México Evalúa, en las reformas a las constituciones estatales realizadas recientemente no se establecieron mecanismos de protección para candidatos, lo que incrementa el riesgo de que se presenten actos de violencia contra los aspirantes y de que haya injerencia del crimen organizado en los distintos procesos locales.
La organización civil advierte que la falta de medidas de protección, tanto para candidatos como para quienes resulten ganadores, podría incrementar los ataques contra juzgadores estatales, los cuales de por sí han aumentado en los últimos diez años.
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El próximo domingo arrancan las campañas en 19 entidades federativas en las que, durante los distintos procesos electorales, estarán en juego 1,788 cargos, de los cuales 1,423 corresponden a jueces y 365 a magistrados.
En su estudio, México Evalúa concluye que la reforma judicial en los estados se realizará sin un diagnóstico previo de los 32 poderes judiciales locales. “A los estados simplemente se les impusieron fechas y obligaciones para implementar la reforma judicial”, señala.
Y agrega: “Hasta el momento, la reforma judicial tiende hacia un debilitamiento de los poderes judiciales, tanto en lo federal como en los estados”.
De entre las 19 entidades federativas en las que habrá elección de juzgadores dentro de dos meses, sólo en una, el Estado de México, se han tomado medidas para proteger a los impartidores de justicia cuando ya estén en funciones, pero no a los candidatos.
En otro estado, Quintana Roo, se estableció en la reforma a la Constitución local la figura de jueces sin rostro, lo cual México Evalúa ve con “preocupación”, debido a que “además de ser contraria a la transparencia, viola el derecho al debido proceso”.
- 2 entidades exigen experiencia para competir por un cargo
En cuanto a las reglas para los procesos electorales, hay una gran disparidad entre las distintas entidades federativas, pues cada Congreso reformó la Constitución local con base en sus propios criterios, ante la ausencia de lineamientos de carácter general.
Del análisis realizado por México Evalúa se desprende que sólo en siete entidades —Chihuahua, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí y Tabasco— se estableció la regla conocida como 3 de 3, que impide que se registren como candidatos quienes hayan sido condenados por violencia política en razón de género o delitos contra las mujeres, o que estén incluidos en algún padrón de deudores alimentarios a nivel estatal o federal.
Y sólo en dos —Michoacán y Zacatecas— se estableció un mínimo de 35 años de edad y una experiencia comprobada de al menos tres años en el área judicial, para poder postularse.
En las otras 17 entidades se retomó el criterio de la reforma judicial a nivel federal, en la cual se establece como edad mínima 18 años y no se considera obligatorio tener experiencia.
En cuanto a normas de transparencia, sólo en una entidad, Baja California, se introdujo en la reforma a la Constitución local la obligación de transmitir las sesiones del pleno del Tribunal Superior de Justicia —el que resulte de los comicios— por su página de Internet.
Al realizar las respectivas reformas a sus constituciones, sólo una entidad, Jalisco, introdujo normas para impulsar la justicia alternativa, y sólo en el Estado de México se contempló un mecanismo relacionado con la justicia comunitaria.
- El Tip: en Coahuila y el Estado de México, los ciudadanos también podrán elegir con su voto a los presidentes de los respectivos tribunales superiores de justicia.
La mayoría de las entidades le dio al pleno de los tribunales superiores de justicia funciones de investigación y sustanciación al mismo tiempo, con excepción de Coahuila y Nayarit, en donde se prevé la creación de órganos investigadores distintos de los sustanciadores.
La organización México Evalúa destaca que en ninguna de las reformas constitucionales de los estados se establecieron lineamientos generales para la actuación de los tribunales de disciplina judicial, por lo que los integrantes de estos órganos, de nueva creación, podrán sancionar a jueces y magistrados según su propio criterio.
En este tema también hay disparidad, pues en Coahuila, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, y Tlaxcala, se estableció que estos tribunales sancionadores estén integrados por tres personas. En Baja California se optó por cuatro y en el resto de las entidades se siguió el modelo federal, con cinco magistrados.
Durante la jornada electoral 1 de junio, sólo en cinco estados, Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, San Luis Potosí y Tamaulipas, se renovará el 100 por ciento de los respectivos poderes judiciales, mientras que en el resto se aprobó en las constituciones una renovación gradual, entre este año y el 2027, y en dos, Coahuila y el Estado de México, se elegirá por voto a los presidentes de los respectivos tribunales de justicia.
