Colectivos feministas exigieron justicia para Susan Saravia, de 22 años quien el pasado 31 de marzo presuntamente fue violada de manera tumultuaria en Campeche por tres hombres, de quienes afirmaron, están ligados a Morena y tienen familiares en el Gobierno y en la Fiscalía estatal.
Liliana Lomelí, integrante del Observatorio de Violencia Social y de Género, dijo a La Razón que es preocupante que las víctimas no sean escuchadas por la Fiscalía General del Estado de Campeche y que éstas tengan que verse obligadas a hacer público su caso, como ocurrió con Susan.
- El Dato: Los tres presuntos agresores fueron calificados en redes sociales como La Manada de Campeche, en alusión a un caso similar ocurrido en Pamplona, España, en 2016.
Mencionó que al ventilar lo que sufrieron, las víctimas quedan expuestas a violencia comunitaria y a una eventual revictimización, a través de quienes, en redes sociales, las intentan responsabilizar de la agresión que denuncian.
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Indicó que Susan y su madre se vieron orilladas a hacer público el caso, debido “a una actuación negligente de las autoridades de Campeche, que no hacen parte a las víctimas, por lo que éstas no tienen información precisa sobre el proceso”.
“Cuando tú, como autoridad, das certeza a las víctimas y las involucras en el proceso, puedes prevenir que ocurran este tipo de situaciones, donde la víctima tuvo que acudir a los medios de comunicación para que su caso sea visible”.
- 1 de los tres presuntos responsables está bajo prisión preventiva
Liliana Lomelí mencionó que la forma de actuar de la Fiscalía de Campeche en este caso, hace que muchas mujeres no quieran denunciar, por miedo y por poca confianza a la autoridad.
“Hemos hecho un pronunciamiento en éste y otros casos que son similares; cuando un caso ha tenido tanta exposición y cuando no hay una actuación diligente por parte de las autoridades, es como enviar un mensaje que llega a otras víctimas, donde ninguna otra va a querer denunciar, porque no hay confianza y sí miedo de las instancias de justicia”, dijo.
En tanto, Susan Saravia reveló que a ella y a su madre se han acercado dos mujeres, quienes aseguran que también fueron agredidas sexualmente por los jóvenes Jorge “N, Yeshua “N” y Ángel “N”, los mismos que la violaron a ella, pero no han denunciado por miedo.
En entrevista para MVS, la joven y su madre señalaron ayer que hasta el momento no han obtenido respuesta de su petición de ser recibidas por la gobernadora Layda Sansores para pedirle que no haya impunidad, por el hecho de que los agresores tengan familiares en el poder.
Por la mañana, las madres de Jorge y Yeshua, los dos presuntos responsables que están prófugos de la justicia, publicaron en redes sociales sendas cartas —por separado— en las que indicaron que sus hijos se entregarán, pero pidieron protección.
Nubia Sabido, madre de Jorge, apuntó que “se han dicho muchas mentiras sobre el caso”, ya que su familia vive al día con sus ingresos y es falso que cuente con el respaldo de alguna autoridad o figura política del estado.
Añadió que durante todo este tiempo, la vida de su hijo y la de sus dos compañeros han estado bajo el escrutinio público, “debido a una campaña mediática de odio viral en los medios de información, promovida por la supuesta víctima (Susan) y su madre”.
Susan Saravia y su madre han asegurado que los tres jóvenes tienen familiares que trabajan en la Fiscalía de Guerrero y que uno de ellos, Ángel “N”, era empleado de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno estatal.
Llega a informe con censura a medios
Por Alan Gallegos
La titular del Juzgado Segundo Interino del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, Edelmira Jaqueline Cervera Sánchez, ordenó al periódico Tribuna de Campeche entregar los datos de la persona que maneja sus redes sociales, en un plazo máximo de 48 horas.
La resolución llega en la víspera del Cuarto Informe de Gobierno de Layda Sansores presente su Cuarto Informe, evento que tendrá lugar este viernes.
La empresa Organización Editorial del Sureste —editora de Tribuna de Campeche— fue apercibida de que, si no cumple con la orden, se hará acreedora a una multa de cinco mil 657 pesos.
La exigencia de entregar los datos del comunity manager está basada en la imposición, el pasado 15 de julio, de una medida cautelar, que consiste en el nombramiento de un interventor judicial que revise los contenidos del diario antes de que sean publicados, supuestamente para evitar que Layda Sansores sea víctima de mensajes de odio.
