“Utilidad pública”

Campeche, con autorización para expropiar tierras

Propietarios tendrán sólo cinco días para defenderse y presentar las pruebas que estimen pertinentes o, de lo contrario, perderán sus tierras o predios

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, tras una reunión con la Secretaría de Gobernación federal, en 2023.
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, tras una reunión con la Secretaría de Gobernación federal, en 2023. Foto›Cuartoscuro

El Congreso de Campeche, con mayoría morenista, aprobó una reforma a Ley de Expropiación que permite expropiar terrenos y ocupar predios que considere de “utilidad pública”.

De acuerdo con la iniciativa enviada por la gobernadora estatal, Layda Sansores San Román, la declaratoria de utilidad pública se publicará en el Periódico Oficial del Estado y se notificará personalmente a los titulares de los bienes y derechos que resultarían afectados.

Los propietarios tendrán sólo cinco días para defenderse y presentar las pruebas que estimen pertinentes o, de lo contrario, perderán sus tierras o predios.

  • El Tip: La oposición en el Congreso de Campeche también criticó que la Secretaría de Finanzas estará facultada para fijar el valor de la propiedad.

El artículo 18 de la ley establece que una vez que la expropiación es decretada y se notifica al propietario, la Secretaría de Gobierno local, en caso de bienes muebles, o la de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas, tratándose de inmuebles, llevará a cabo la ocupación inmediata para las obras proyectadas en el sitio.

Durante la discusión del dictamen, el diputado de Movimiento Ciudadano, Paul Alfredo Arce, dijo que la ley establece que “contra ciertas resoluciones no procede recurso alguno”, es decir, que “o te aguantas o te gastas un juicio de amparo”.

  • 10 años podría tardar el Gobierno de Campeche en pagar un bien expropiado

Añadió que un aspecto grave es la reducción del plazo de defensa, ya que la ley federal de expropiación otorga 15 días y Campeche sólo cinco.

El diputado señaló que la reforma es “una confiscación disfrazada”, ya que da poder al Estado local para ocupar, de manera inmediata, un lugar. Además, la indemnización no será inmediata, sino que podría ser en pagos con una extensión de hasta 10 años. La ley federal, por el contrario, establece un plazo de 45 días.