El lunes 20 de octubre de 2025, Nayeli Márquez Meza, regidora del municipio de Juanacatlán por el partido Morena, fue detenida junto con tres familiares tras protagonizar un altercado con inspectores y policías municipales en El Salto, Jalisco.
El incidente se registró durante una revisión rutinaria de la Dirección de Inspección y Reglamentos en una ferretería de la colonia La Alcantarilla, que operaba sin licencias municipales y sin dictamen de Protección Civil.
Según reportes oficiales, la regidora y sus familiares arribaron al lugar para impedir la clausura del negocio, ocasionando agresiones verbales y físicas contra los inspectores y policías presentes.
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Testigos aseguraron que Márquez Meza argumentó contar con “influencias políticas” para evitar la aplicación de la ley, lo que derivó en un enfrentamiento que se salió de control.
Ante la resistencia de la regidora y la agresión a los servidores públicos, se solicitó apoyo adicional de la policía municipal. Como resultado, Nayeli Márquez Meza y tres familiares fueron detenidos y trasladados al Ministerio Público de la Región Valles, donde se definirá su situación legal.
El coordinador de Seguridad Municipal de El Salto, Adán Domínguez León, confirmó que se interpondrá una denuncia formal por amenazas y agresiones, y subrayó la importancia de proteger a los inspectores y policías que desempeñan sus funciones bajo riesgo.
Reacciones en la comunidad y en la política
Hasta el momento, el partido Morena no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto a la detención de la regidora. Sin embargo, el incidente ha encendido un debate sobre el respeto a la autoridad municipal y la responsabilidad de los servidores públicos frente a presiones políticas.
Este suceso pone de manifiesto los desafíos que enfrentan las autoridades municipales en Jalisco al intentar regular negocios que operan fuera de la ley.
Especialistas en seguridad y gobernabilidad señalan que la intervención de funcionarios públicos en conflictos de este tipo debe limitarse a garantizar el cumplimiento de la norma, evitando cualquier abuso de poder o confrontación que ponga en riesgo a la ciudadanía o al personal del gobierno.
Las investigaciones continúan y se espera que las autoridades definan pronto las responsabilidades legales de la regidora y sus familiares, con el fin de restaurar la confianza en la aplicación de la ley en el municipio.
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MSL
