Conforma empresas paraestatales, dice experto

Crimen controla obras y comercio, advierten

Impone políticos y financia campañas electorales para luego tener injerencia en alcaldías, señala consultor; plantea crear mecanismos que rastreen flujos de dinero de la extorsión

La asosiaicón de Citricultores del Valle de Apatzingán, en una manifestación la semana pasada, en la que arrojaron limones a las calles como protesta.
La asosiaicón de Citricultores del Valle de Apatzingán, en una manifestación la semana pasada, en la que arrojaron limones a las calles como protesta. Foto: Especial

Los grupos criminales se han convertido en sólidas empresas paraestatales que controlan toda la cadena de valor y han diversificado su radio de acción a diferentes aspectos de la gobernanza criminal, aseguró Alberto Guerrero Baena, consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales.

En entrevista con La Razón, el exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal dijo que el asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, cuyo cuerpo fue hallado el 20 de octubre con signos de tortura y un disparo en el rostro, focalizará un poco la atención en Michoacán, pero lo que no focaliza realmente es la estrategia de cómo combatir a estas empresas criminales, las cuales, aseguró, ahora imponen políticos y financian campañas electorales para después tener injerencia en la repartición de las carteras o en las secretarías de los propios ayuntamientos.

  • El Dato: Tras lamentar el crimen de Bernardo Bravo, la Concamin hizo un llamado a fortalecer los mecanismos de colaboración entre autoridades y sectores productivos.

“Normalmente se quedan con Seguridad Pública, Inspección y Vigilancia, que es la que impone y revisa los negocios y comercios, y que tiene los padrones de comerciantes de la zona, o en todo caso se quedan con los contratos de obra pública para tener financiamiento”, explicó el especialista.

Añadió que es fundamental crear mecanismos de inteligencia financiera que permitan rastrear los flujos de dinero producto de la extorsión, pues las autoridades no pueden limitarse al diseño y realización de operativos armados; deben enfocarse en desmantelar sus estructuras financieras.

“Mientras tú no ataques este tema desde la inteligencia financiera, utilizando todos los mecanismos que ahora se están utilizando por vía de administración tributaria… Michoacán tiene una administración tributaria estatal, alguien se podría enrocar con la investigación que se desdoble por parte de la Fiscalía Estatal y la Fiscalía General de la República (FGR) para poder entrarle al tema y sobre todo ver de dónde está fluyendo el dinero hacia estos grupos, y por el otro lado dónde lo reinvierten o cómo lavan el dinero”, opinó.

También aseguró que es necesaria una presencia permanente del Estado en la cadena de comercialización. Los empaques, los puntos de venta, el transporte, todo debe ser monitoreado no sólo policialmente, sino también de manera regulatoria, expuso.

Alberto Guerrero Baena aseguró que los grupos criminales no solamente se han centralizado en la zona de Tierra Caliente, sino que ya han diversificado su radio de acción a otras latitudes, como es el caso del municipio de Huetamo, que está pegado a Guerrero.

El crimen organizado también se ha expandido al oriente michoacano, en la zona de Ciudad Hidalgo, Maravatío, Zitácuaro, Zinapécuaro, donde el corredor Zinapécuaro a Morelia está invadido de cárteles de la delincuencia organizada.

Agregó que hay alianzas que mantienen diferentes actores o, en todo caso, grupos criminales en torno a las regiones que tiene la Tierra Caliente michoacana; por ejemplo, las alianzas que tiene el Cártel Jalisco Nueva Generación o los Cárteles Unidos con Los Blancos de Troya o Los Viagras.

“Hay diferentes alianzas; por ejemplo, Cárteles Unidos que, pues al final de alguna manera trataron de contener la llegada del Cártel Jalisco Nueva Generación, pero ahora pues viendo que el Cártel Jalisco se ha impuesto como este grupo hegemónico, pues muchos de ellos han decidido claudicar y generar esta alianza estratégica y desafortunadamente pues esto no lo ha sabido combatir el gobierno y creo que es parte de lo que tendría que empezar a analizarse”, dijo.

El experto en seguridad consideró que, tras la muerte del empresario Bernardo Bravo, seguramente habrá repercusión en cuanto al tema de las protestas, porque al final no solamente son los limoneros del Valle de Apatzingán, también los limoneros de la zona de Buenavista Tomatlán, los limoneros de Antunes, los limoneros de otras localidades aledañas y, sin duda, tendrán que empezar a protestar derivado de que no se ha hecho una acción efectiva por parte de las autoridades.

Este lunes fue encontrado sin vida el empresario limonero Bernardo Bravo, después de acudir a la comunidad de Cenobio Moreno, en Apatzingán, Michoacán, aparentemente para reunirse con algún líder delincuencial.

20% DE LOS PRECIOS VA AL CRIMEN: CNA

Por Redacción

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) advirtió que la violencia e inseguridad que aquejan al campo mexicano no sólo representan una amenaza directa para los productores y sus familias, sino también para la seguridad alimentaria del país.

Luego de condenar el asesinato de Bernardo Bravo, a quien calificó como un reconocido líder productor de limón y defensor inalcanzable de los derechos de los agricultores en México, mencionó que los altos niveles de extorsión y amenazas que enfrentan los agricultores ya tienen un impacto directo en el precio de los alimentos.

A través de un comunicado, el organismo estimó que entre el 10 y el 20 por ciento del costo de diversos productos agroalimentarios responde a pagos exigidos por los grupos criminales, lo que, mencionó, hace esta situación “insostenible”.

Consideró que el crimen organizado, la extorsión, las amenazas y los asesinatos no pueden seguir condicionando la actividad de quienes trabajan la tierra todos los días.

El CNA urgió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a implementar una estrategia que permita frenar la violencia e impunidad que, señaló, amenaza la estabilidad del campo mexicano.