La Operación Caudal desplegada en 48 municipios del Estado de México permitió clausurar 189 inmuebles utilizados para la extracción y comercialización ilegal de agua, entre ellos 51 pozos y 138 tomas clandestinas, sin que las acciones afectaran el suministro que llega a los hogares a través de la red pública.
De acuerdo con autoridades estatales, el servicio se mantiene estable y la red operada por organismos municipales y la CAEM no registra interrupciones.
El operativo, impulsado por la administración de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y coordinado con dependencias federales, estatales y municipales, tuvo como objetivo romper las cadenas de comercio ilícito que lucraban con un bien público. Estas prácticas, además de ser ilegales, provocaban la sobreexplotación de pozos y el desbalance en la presión del sistema, afectando el abasto regular en distintas colonias.
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Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México revelaron que los puntos intervenidos estaban vinculados a organizaciones que operaban bajo fachada sindical, como la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales, la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México, “Los 300”, “Libertad”, “25 de Marzo”, “22 de Octubre” y “Chokiza”. Estas agrupaciones acaparaban el líquido y lo revendían en pipas a sobrecosto, llegando a cobrar hasta 59 por ciento más en municipios como Ecatepec.
En entrevista con medios de comunicación, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez reiteró que el combate a estas prácticas no busca afectar a quienes trabajan de forma legal, sino poner orden y garantizar que el agua llegue de manera justa y segura a la ciudadanía. “no es querer afectar a quien da trabajo, da un servicio, pero sí es regularlo”, sostuvo al señalar que quienes operen conforme a la ley no deben preocuparse y que habrá acompañamiento para regularizar a quienes lo necesiten.
Con la Operación Caudal, el Gobierno del Estado de México marca un precedente en la defensa del derecho ciudadano al agua y en la recuperación de un recurso público que, durante años, fue controlado por intereses privados. De acuerdo con Delfina Gómez Álvarez, su administración está dispuesta al dialogo gracias a la disposición de presidentes municipales, Fiscalía, CAEM y CONAGUA.
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JVR