Por sexta ocasión en 25 años, y a contracorriente de lo que dispuso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hace cuatro años, la propuesta para despenalizar el aborto en Guanajuato no prosperó ayer, ya que el Congreso local rechazó tres iniciativas que tenían como propósito permitir la interrupción del embarazo de manera legal.
Durante la sesión legislativa de ayer, lo que sí se aprobó es un conjunto de reformas que modifican el Código Civil para reconocer el matrimonio igualitario, y otra más para prohibir las llamadas “terapias de conversión sexual” en menores de edad.
En lo que se refiere al aborto, uno de los dictámenes proponía reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para incluir el concepto de autonomía reproductiva y establecer que era el derecho básico de todas las mujeres decidir sobre su posibilidad de procrear o no y, en ese sentido, planear su propia familia, así como tener acceso a los servicios de interrupción del embarazo hasta las 12 semanas.
- El Dato: EN LA DISCUSIÓN de julio pasado, la diputada Itzel Mendo, del PVEM, cambió de último momento su voto, rompió el empate y así prevaleció la penalización del aborto.
Otro dictamen incluía dos iniciativas de reforma a la Constitución Política del el Estado, que planteaban derogar la disposición normativa que establece que persona es todo ser humano, desde su concepción hasta su muerte natural.
Con 19 votos a favor y 17 en contra, el pleno del Congreso de Guanajuato aprobó dictámenes mediante los cuales se ordena el archivo definitivo de las tres iniciativas de reforma al Código Penal en materia de despenalización del aborto.
Estas iniciativas fueron presentadas por diputados de Morena, luego de que el pasado 5 de julio, tras una tensa discusión de casi cuatro horas, el Congreso rechazó la propuesta de despenalizar el aborto en la entidad.
Durante la sesión del 5 de julio, la diputada Luz Itzel Mendo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), dio un revés a la Marea Verde, al cambiar su voto de último momento, provocando que, con 19 votos en contra y 17 a favor, las mujeres de Guanajuato todavía no puedan interrumpir su embarazo no deseado, cuando unos días antes las votaciones indicaban un empate.
- 24 estados habían despenalizado el aborto, hasta septiembre pasado
UN CUARTO DE SIGLO. En el estado se ha intentado despenalizar el aborto al menos en seis ocasiones anteriores desde hace 25 años: en el 2000, 2008, 2021, 2024, y dos ocasiones en este 2025.
Guanajuato es considerado el estado más conservador del país, además de ser bastión del PAN, con nueve periodos gubernamentales desde 1991.
En el año 2000, Acción Nacional promovió una iniciativa para reformar el artículo 163 del Código Penal de Guanajuato e impedir la interrupción del embarazo en casos de violación. No obstante, la propuesta fue vetada ante las presiones al entonces gobernador Ramón Martín Huerta.
En el 2008 se plantearon dos iniciativas: la primera buscaba establecer el concepto de persona, agregando que se trataba de todo ser humano desde su concepción hasta la muerte; mientras que la segunda, impulsada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), buscó legalizar el aborto en la entidad.
En el 2021, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) retomó la reforma, pero la iniciativa tampoco prosperó. En el 2024, Sandra Pedroza, diputada de Movimiento Ciudadano (MC), volvió a presentar una iniciativa de ley, dando pauta a mesas de diálogo que se dividieron en módulos, pero estas mesas quedaron en una propuesta estancada.
Con la decisión de ayer, Guanajuato queda al margen de la sentencia de la Suprema Corte que ordena a los congresos locales armonizar sus leyes con los criterios constitucionales en materia de derechos reproductivos.
En el 2021, el alto tribunal despenalizó el aborto; el fallo declaró ilegal sancionar a una mujer por interrumpir el embarazo, resolución que fue la hoja de ruta para que tanto el Congreso de la Unión como los locales adecuaran sus códigos penales a esta reforma.
PERSONAS DEL MISMO SEXO. Ayer, sin embargo, el Congreso de Guanajuato aprobó una reforma al Código Civil que garantiza el derecho al matrimonio igualitario, y otra que establece el tipo penal para castigar las terapias de conversión sexual en menores de edad.
Con estas modificaciones, se precisa que el matrimonio es la unión libre de dos personas, que tiene como objeto realizar una comunidad de vida, en la que los cónyuges se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Además, se ajusta en el cuerpo normativo lo relativo al concepto de marido y mujer por personas cónyuges.
Durante la discusión, la diputada de Morena María Eugenia García Oliveros dijo estar a favor con esta reforma, ya que se cumple el “sueño de miles de guanajuatenses que durante años esperaron este momento”.
“Este dictamen es resultado de un análisis profundo y una metodología incluyente; es el conjunto de cuatro iniciativas que apuntan a un mismo norte, que es la igualdad; lo construimos escuchando a la ciudadanía”, dijo.
La diputada del PAN Karol Jared González dijo estar en contra por el uso y significado de los términos, ya que la palabra matrimonio proviene del latín que se compone y significa “madre”, por lo que el rechazo es el cómo se nombra a las instituciones, y aunque se analizó la posibilidad de utilizar una figura jurídica distinta al matrimonio para regular la unión entre personas del mismo sexo, no fue viable esta posibilidad.
“Quiero dejar en claro que nuestro rechazo no está basado en creencias o discriminación; nuestra postura se fundamenta en el sentido preciso de las palabras”, dijo.
Además, con 32 votos a favor y tres en contra, el Congreso de Guanajuato aprobó la prohibición de las llamadas terapias de conversión, prácticas que durante años han sido denunciadas por organizaciones de derechos humanos, por atentar contra la dignidad e integridad de las personas.
Con estas modificaciones, se precisa que, a quien imparta u obligue a un menor de edad o persona incapaz, a recibir esfuerzos para corregir la orientación sexual, o la identidad o expresión de género, se le impondrán de dos a seis años de prisión y de veinte a sesenta días de multa; y que el delito se perseguirá de oficio.
Al hablar a favor del dictamen, la diputada de Morena María Eugenia García Oliveros manifestó que no se estaba discutiendo una iniciativa, sino que el Congreso estaba reconociendo un dolor que se ha mantenido en silencio durante décadas, un dolor en forma de prácticas disfrazadas de tratamiento.
En ese sentido, se refirió a los ECOSIG (esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género), mejor conocidos como terapias de conversión, los cuales, dijo, son mal llamados porque “no hay nada qué curar”.
Finalmente, la diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco manifestó que se discutía un dictamen que representa un avance indispensable hacia un estado más libre, más justo y humano; un dictamen que reconoce que en Guanajuato las prácticas conocidas como ECOSIG siguen ocurriendo y siguen lastimando.
Afirmó que defender las libertades individuales implica reconocer que nadie debe vivir bajo la amenaza de ser corregido o castigado por su orientación sexual o identidad de género.
“Ninguna autoridad, institución o persona tiene derecho a intervenir para modificar la esencia de alguien, por eso lo tenemos que reiterar; los ECOSIG no son terapias, no tienen validez científica y no producen bienestar”, subrayó.
