En medio de una señalada ofensiva en contra del sector académico en varias entidades, ahora tres exfuncionarios de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), entre ellos un exrector, fueron detenidos y quedaron recluidos por un año en el penal de Pacho Viejo, mientras son investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE) tras haber sido acusados por diversos delitos, entre los cuales están peculado, incumplimiento de un deber legal y abuso de autoridad.
La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, aseguró que, tras la detención de los exfuncionarios, los procesos penales continuarán sin interferencia del Poder Ejecutivo y llegarán “hasta donde tengan que llegar”.
- El Dato: LOS DETENIDOS, presuntos responsables de incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad, peculado, tráfico de influencias y ejercicio indebido del servicio público.
El domingo anterior, un juez de control impuso prisión preventiva justificada por un año a los tres exfuncionarios.
La mandataria afirmó que las detenciones de Sergio “N”, exrector de la institución que recibió su nombramiento en enero del 2025 y quien fue destituido en septiembre del mismo año; Víctor de Jesús “N”, exdirector administrativo, y Frida Narayana “N”, exjefa de Servicios Financieros y exdirectora de Educación Superior, no fueron improvisadas ni motivadas por criterios políticos, sino resultado de una investigación iniciada desde noviembre de 2025, cuando su administración recibió múltiples denuncias sobre irregularidades dentro de la universidad.
“Voy a ser muy cuidadosa porque hay un proceso en curso, pero es cierto que desde hace meses empezamos a recibir manifestaciones y señalamientos de irregularidades en la universidad”, declaró.
FALTAS GRAVES. Entre las irregularidades, la mandataria estatal citó que hay adeudos a docentes, deficiencias administrativas graves, retrasos y obstáculos en la entrega de documentos académicos y afectaciones directas a estudiantes por irregularidades en clases y trámites.
De manera extraoficial, se mencionó que las investigaciones apuntan a un presunto desvío de recursos por al menos 800 millones de pesos, provenientes de cuotas pagadas por estudiantes y de recursos públicos asignados a la universidad.
Nahle García también mencionó que su Gobierno solicitó la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera y se reunió con fundaciones vinculadas a la UPAV, autoridades universitarias y personal administrativo.
“Se mandó a llamar a la fundación, al área administrativa y al rector; fue un proceso donde se observaron fuertes irregularidades y por eso se procedió”, explicó.
“Es ya mi gobierno y yo tengo que actuar, sea quien sea. Dije que se proceda y que se haga con la fiscalía anticorrupción, como debe ser”, sostuvo.
- 1 año permanecerán en prisión preventiva justificada
CONTROL DEL GOBIERNO. La detención de los exfuncionarios ocurre luego de que el pasado 12 de enero el estado de Veracruz asumió el control total de la universidad mediante un decreto de la gobernadora, publicado en la gaceta oficial.
El cambio aprobado establece que la UPAV es una “Institución Pública de Educación con carácter de organismo público descentralizado de la administración pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que gozará de personalidad jurídica y patrimonio propios y estará sectorizada a la Secretaría de Educación del Poder Ejecutivo Estatal”.
La enmienda señala que los cambios son con el fin “de establecer procedimientos claros de recaudación, administración y vigilancia del patrimonio universitario, con el fin de asegurar su integridad y aplicación estricta al sostenimiento, mejora y expansión de los programas educativos de la casa de estudios”.
Sin embargo, cuatro días después el rector de la UPAV, Rodolfo Torres Velázquez, declaró días inhábiles indefinidamente para cerca de 200 trabajadores administrativos de la institución, ante la falta de recursos para la cobertura de salarios.
De acuerdo con los trabajadores, la medida tomada por el rector echó abajo las promesas de las autoridades de que se resolvería el problema financiero de la UPAV.
INTROMISIÓN. Las detenciones de la UPAV ocurren en medio de las denuncias por una presunta intromisión de los gobiernos estatales en la autonomía de las universidades públicas, como es el caso reciente de la detención del exrector de la máxima casa de estudios de Campeche, José Alberto Abud Flores, por supuestamente incurrir en narcomenudeo.
Horas después de la detención, miembros del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Campeche (UACA) señalaron que personas ajenas a la institución los citaron para que votaran a favor de la destitución del doctor Abud. Pese a su negativa, la madrugada del martes 13 de enero se nombró a Fanny Guillermo Maldonado como rectora interina.
El exfuncionario universitario de Campeche fue detenido junto con otras dos personas, acusado de posesión de cinco gramos de cocaína y puesto en libertad ocho horas después de que la Presidenta Claudia Sheinbaum puso en entredicho su aprehensión, al advertir que la justicia no puede ser utilizada como “una vendetta política”.
Las declaraciones de la Presidenta fueron planteadas después de que presuntamente el exrector tuviera roces con la gobernadora morenista Layda Sansores por oponerse a que se realizaran actos de proselitismo dentro del campus universitario.
VAN A PROCESO PENAL. Luego de recuperar su libertad, este domingo el exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, su chofer y un colaborador cercano, fueron vinculados a proceso por delito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, en su variante de posesión simple, por lo que enfrentará el respectivo juicio penal y será en libertad.
Tras darse a conocer la situación jurídica de Abud Flores, el Gobierno de Campeche dio a conocer un comunicado en el que aseguró que no “ha intervenido ni directa ni indirectamente en los procesos internos de la Universidad, ni tampoco en las decisiones adoptadas por sus órganos de gobierno”.
“Este gobierno no tiene injerencia alguna en las actuaciones realizadas por las autoridades de procuración e impartición de justicia. Las detenciones, las audiencias y las resoluciones judiciales corresponden exclusivamente a instancias competentes que actúan conforme al marco legal y bajo el principio de debido proceso”, refirió el Gobierno de Campeche.
También rechazó cualquier señalamiento que pretenda atribuir al Gobierno de Campeche “supuestas acciones de presión, persecución o intervención política en conflictos universitarios o en procedimientos legales”.
Agregó que la “ley no se utiliza como herramienta política ni se condiciona a disputas personales o institucionales”.
