La diputada presentó ante CANADEVI Jalisco tres iniciativas legislativas para reactivar la construcción de vivienda social, en respaldo al programa de donación de predios lanzado por el gobernador Pablo Lemus
Hay familias en Jalisco que llevan años ahorrando para comprar una casa y no encuentran ninguna a la que les alcance, porque en diez años el precio de la vivienda nueva en el estado subió 468% y la oferta de casas de interés social cayó de 41 mil unidades al año a apenas 152 en 2025. Para cambiar eso, la diputada Gabriela Cárdenas Rodríguez llevó este miércoles a la sede de CANADEVI Jalisco tres propuestas concretas: reformas a la ley que reduzcan impuestos y derechos a los constructores que estén dispuestos a edificar vivienda que le alcance a la gente.
La legisladora expuso que casi el 70% de la población del estado, solo puede adquirir una vivienda con valor inferior al millón 50 mil pesos, el tope que fija el Infonavit para el crédito social, pero la oferta a ese precio prácticamente ha desaparecido.
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La economía mexicana creció apenas 0.8% en 2025, y la inflación cerró en 4.59% en marzo de 2026, la más alta en ocho meses. “No es una falla de gestión de esta industria”, sostuvo Cárdenas. “Es el resultado de un entorno que no acompaña.”
“152 casas en un estado que necesita decenas de miles al año. Eso no es una caída, es un desplome, o mejor dicho, es una tragedia. Nos encontramos frente a una emergencia habitacional”, expresó.
La diputada vinculó sus propuestas con el Programa Vivienda para el Bienestar, lanzado el martes 21 de abril por el gobernador Pablo Lemus en Lagos de Moreno. En ese arranque, el gobierno estatal donó predios valuados en 350 millones de pesos, 14 hectáreas, para la construcción de mil 926 viviendas destinadas a familias de bajos ingresos en cuatro municipios: Lagos de Moreno, Tepatitlán, Autlán de Navarro y El Salto.
Cárdenas reveló que esa donación de terrenos fue posible gracias al trabajo de su comisión: fue la Comisión de Hacienda y Presupuestos la que desincorporó los predios del patrimonio estatal, habilitando su transferencia al gobierno federal para la construcción de la vivienda. “Llevamos meses haciendo el mapeo de terrenos públicos junto con el IJALVI para identificar qué suelo puede convertirse en vivienda social", explicó.
Sin embargo, advirtió que la donación de suelo resuelve solo una parte del problema.
“El gobernador aportó el suelo. El Congreso puede aportar las condiciones para que el sector privado también pueda construir", planteó a los desarrolladores.
La legisladora presentó tres líneas de reforma concreta:
La primera plantea ampliar el artículo 147 de la Ley de Hacienda Municipal para extender el descuento de al menos 50% en derechos de licencias de construcción a todos los desarrolladores que edifiquen vivienda social certificada con valor de hasta un millón 50 mil pesos, no solo a quienes trabajan con el Infonavit o un organismo público, como establece la norma vigente.
La segunda propone reducir los derechos cobrados en el Registro Público de la Propiedad para proyectos de vivienda social certificada, a través de una reforma a la Ley de Hacienda Estatal. “Cada instrumento registrado encarece el costo final que paga la familia. Ese costo no lo absorbe el desarrollador: lo termina pagando quien compra la casa”, explicó.
La tercera es una reducción temporal del impuesto sobre nómina, por un ejercicio fiscal, para constructores que desarrollen vivienda social en zonas urbanas ya consolidadas, con acceso a transporte y servicios.
“Una ciudad que segrega a sus familias de menores ingresos hacia la periferia termina siendo una ciudad más cara para todos. La vivienda social no es un gasto, es inversión, y pertenece al corazón de las ciudades, no a sus márgenes", manifestó.
Como siguiente paso, la diputada propuso la instalación de mesas de trabajo formales entre la Comisión de Hacienda del Congreso, CANADEVI Jalisco y las dependencias del ejecutivo estatal, con agenda, fechas y compromisos verificables.
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JVR
