La fiscal general del estado de Sinaloa, Claudia Sánchez Kondo, designó a José Roberto Quiñonez Coronado como encargado de la Vicefiscalía General ante la ausencia de Dámaso Castro Zaavedra, quien solicitó licencia al cargo tras las acusaciones de Estados Unidos en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Asimismo, fue designada Rocío Yamileth Aguilar Zazueta como encargada de la Vicefiscalía Regional Zona Centro, de la que hasta este miércoles era titular Quiñonez Coronado.
Durante la toma de protesta, la fiscal de Sinaloa exhortó a los nuevos encargados a desempeñar sus funciones “con apego a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez”.
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Asimismo, les garantizó el “respaldo institucional para el adecuado desempeño de sus responsabilidades” y los llamó a conducirse con respeto a la institucionalidad.
El pasado 5 de mayo, Dámaso Castro Zaavedra solicitó licencia al cargo de vicefiscal general de Sinaloa, la segunda posición de mayor relevancia dentro de la institución de procuración de justicia, horas después de que la fiscal Claudia Sánchez Kondo informó que se analizaba su separación para evitar “entorpecer” la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR).
Un día antes, el 4 de mayo, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa había sostenido que Dámaso Castro Zaavedra permanecía en funciones y que el cargo no le otorgaba inmunidad procesal en caso de ser requerido por las autoridades mexicanas.
El pasado 29 de abril, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer la acusación formal de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York en contra del ahora gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por narcotráfico y delitos relacionados con armas.
También fueron acusados otros ocho funcionarios y exservidores públicos de esa entidad del Pacífico, así como el senador Enrique Inzunza Cázarez, por presuntamente conspirar con líderes del Cartel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de heroína, cocaína, metanfetamina o fentanilo a Estados Unidos “a cambio de apoyo político y sobornos”.
Estados Unidos solicitó al gobierno de México la detención provisional con fines de extradición de cada uno de los imputados por cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armas, por los que enfrentarían cadena perpetua o una pena mínima de 40 años de prisión.
Además del mandatario estatal, del senador de Morena y del vicefiscal general de Sinaloa, fueron acusados:
- Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán, quien solicitó licencia al cargo
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa
- Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa
- Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “El Cholo”, exjefe de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa
- José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa
- Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán
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