La Fiscalía General del Estado (FGE), bajo la dirección de la fiscal Elena Andrade Ramírez, confirmó la apertura de la carpeta de investigación, contra la “Patrulla Espiritual”, tras la presunta retención forzada de una mujer trans identificada como Karim.
Lo que inició como uno de los videos virales de la organización liderada por Jesús Ignacio “Chikilin” Osuna, se ha transformado en un complejo proceso legal en Tijuana.
El incidente, ocurrido el pasado 9 de mayo en la colonia Durango, fue documentado por la propia organización. En el material se observa cómo interceptan y suben a un vehículo a la persona bajo el argumento de rescatarla de las adicciones y la situación de calle.
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¿De qué se le acusa a la ‘Patrulla Espiritual’?
La denuncia formal, presentada por un colectivo de la comunidad LGBT+, señala que este acto no fue una labor de misericordia, sino un delito de privación ilegal de la libertad.
Los activistas denuncian que, una vez dentro del centro de rehabilitación, la identidad de Karim fue vulnerada mediante actos que califican como terapias de conversión.
- Agresión estética forzada: Denuncian que Karim fue obligada a cortarse el cabello como varón y a vestir ropa masculina.
- Humillación pública: Señalan que el uso de la fuerza física y la exposición en redes sociales atenta contra la dignidad humana.
- ECOSIG disfrazado: Más de 150 organizaciones advierten que estos métodos buscan “corregir” la identidad de género bajo el pretexto de la desintoxicación.
La postura de la familia
La postura de la madre de Karim es de defensa hacia el método utilizado, ante las autoridades, relató el doloroso contexto de abuso y vulnerabilidad que vivía la joven por su dependencia a las drogas.
Argumentó que la familia solicitó el apoyo de la agrupación ante la falta de opciones estatales, mientras que la “Patrulla Espiritual” reafirmó la legalidad de sus centros.
Según el grupo, sus operaciones cuentan con el visto bueno de instituciones como la Secretaría de Salud y la Cofepris tras visitas de inspección previas.
Este caso pone sobre la mesa un vacío crítico en la salud pública de México, la línea entre la voluntad propia y la “anexión” forzada.
La comunidad LGBT+ insiste en que la rehabilitación no es un canal para el abuso. Exigen que cualquier tratamiento se brinde en un entorno que respete la transición y la dignidad de la persona, sin forzarla a retroceder en su identidad como parte de una “cura”.
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