El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, abandonó el pasado 26 de junio el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Morelos, aunque permanecerá en prisión domiciliaria para continuar su proceso por lavado de dinero.
Al citar a fuentes judiciales, el periódico Reforma y la revista Proceso reportaron que el exmandatario fue trasladado a su domicilio en el Estado de México con un brazalete electrónico. Asimismo, un juez de control certificó el pago de una garantía de 10 millones de pesos.
El pasado 28 de mayo, el juez Gustavo Eduardo Alonso Ortiz, del Centro de Justicia Penal Federal de Xochitepec, Morelos, absolvió a Borge Angulo de delincuencia organizada; no obstante, aún tiene pendiente el delito de lavado de dinero.
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¿Cómo fue detenido Roberto Borge Angulo?
Roberto Borge Angulo gobernador de Quintana Roo entre 2011 y 2016, fue detenido el 4 de junio de 2017 en el Aeropuerto Internacional de Tocumén, en Panamá, cuando estaba a punto de abordar un avión a París, Francia.
En enero de 2018, el exmandatario priista fue extraditado a México e inicialmente fue trasladado al penal Neza Bordo, ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México; tras una primera audiencia, un juez de control lo vinculó a proceso e impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el penal de Morelos, donde permanecía preso hasta el pasado 26 de junio.
Los cargos principales en su contra están relacionados con actos de corrupción durante su gestión. Se le acusa de orquestar una red para vender más de 20 inmuebles en diversos municipios en Quintana Roo, mismos que allegados al expriista, como familiares y amigos, adquirieron por debajo del precio de mercado.
Entre los delitos específicos se encontraban delincuencia organizada, y ahora únicamente lavado de dinero. Se le vincula con la adquisición irregular de terrenos y una empresa de embarcaciones con recursos ilícitos.
A Borge le iniciaron dos procesos a nivel federal, uno por delincuencia organizada y otro por lavado, relacionados con el remate de predios de las reservas territoriales de Quintana Roo que ocasionaron un daño a las arcas estatales de más de 850 millones de pesos.
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