En medio de la escalada de violencia en contra de periodistas en Veracruz, las medidas de protección a comunicadores del estado tuvieron una disminución de cuatro veces, al contrastar 2025 con 2024, ya que pasaron de 695 a 163 en solamente un año, lo que los dejó más vulnerables para el ejercicio de su tarea informativa.
De acuerdo con los informes anuales de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP), organismo del gobierno de la morenista Rocío Nahle en Veracruz encargado de salvaguardar la integridad de los profesionales y promover la libertad de expresión, las medidas de protección son la principal herramienta para dar respuesta ante agravios, amenazas, riesgos y restricciones ilegítimas derivadas del ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión, así como para establecer esquemas preventivos que les permitan reducir vulnerabilidades y aumentar capacidades en su labor.
Dichas medidas van desde rondines de las policías municipal y estatal al domicilio particular del periodista o al medio, hasta reubicaciones de comunicadores por amenazas o cuando hay un potencial riesgo.
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También consideran apoyos económicos de manutención en casos de extrema vulnerabilidad, asignaciones de chalecos antibalas por considerar un potencial atentado y medidas tecnológicas consistentes en circuitos cerrados de televisión, monitoreo de celulares, cámaras personales de videograbación, entre otros rubros.
EL BLINDAJE. De acuerdo con la CEAPP, en 2025 se les asignaron 163 medidas de protección a 50 profesionales de los medios y a tres familiares de uno de ellos asesinado, mientras que en 2024 no se menciona la cantidad de personas que recibieron 695 medidas de protección.
Durante el periodo, seis de los comunicadores habían sido beneficiados un año antes y les fue concedida una renovación de protección, al evaluar la manifestación de nuevos hechos y derivado del riesgo y vulnerabilidades en su contra.
El año pasado se registraron 34 enlaces y rondines de las policías estatal y municipal al domicilio particular de la persona o del medio, dos solicitudes de escolta de la Policía Estatal, 51 monitoreos preventivos y tres reubicaciones por amenazas.
También, tres asignaciones de chalecos antibalas por considerar un potencial atentado, 13 apoyos económicos de manutención, 34 soportes técnicos y 22 mantenimientos tecnológicos a equipos de cómputo o videovigilancia.
Mientras tanto, en 2024 se asignaron 61 medidas consistentes en enlace, en colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública, 60 rondines en colaboración con esa dependencia estatal, 11 enlaces en colaboración con policías municipales, 11 rondines en colaboración con elementos locales, un acompañamiento programado y cuatro servicios de escoltas temporales.
De igual manera, 98 medidas tecnológicas, 76 mantenimientos a éstas, asignación de 21 chalecos antibalas, tres medidas consistentes en reubicación, 36 asesorías jurídicas, 58 monitoreos preventivos para el seguimiento de casos en específico y 74 apoyos dictaminados para traslados fueron las acciones gubernamentales puestas en operación.
Además, 11 cuadernillos de herramientas preventivas, 12 apoyos económicos para la implementación de medidas de protección, dos cursos de capacitación a servidores públicos municipales de los ayuntamientos de Poza Rica y Paso de Ovejas, dos exhortos a los presidentes municipales de Orizaba y Altotonga, así como otros dos llamados a autoridades edilicias de Córdoba.
Asimismo, cinco reuniones de trabajo con autoridades municipales de Minatitlán, Tantoyuca, Tlapacoyan y Tuxpan; dos reuniones de trabajo con la Secretaría de Seguridad Pública; dos solicitudes de informes a la SSP y a la Dirección de Prevención del Delito de Poza Rica; siete intervenciones institucionales ante dependencias estatales, organismos asistenciales, de atención a víctimas y en materia de salud, así como 139 acciones en materia de asignación de recursos económicos.
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REPUNTAN ASESINATOS. La disminución de medidas de protección de la CEAPP coincide con un aumento de violencia hacia los profesionales de la información del estado de Veracruz, ya que en lo que va de 2026 suman tres asesinatos en todo el país, todos cometidos en Veracruz, cuando la misma cantidad de crímenes en el estado se dio con dos víctimas en 2020 y una en 2022, y desde entonces no se habían dado homicidios, según los reportes de la organización Artículo 19.
El fin de semana pasado, la Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó que la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez fue asesinada, luego de darse a conocer que las pruebas periciales permitieron determinar que los restos humanos hallados el pasado 25 de junio, en un rancho de la comunidad Emiliano Zapata, en el municipio de Moloacán, corresponden a la comunicadora, quien el 2 de junio fue sacada violentamente de su domicilio en Nanchital y estaba desaparecida desde entonces.
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A este caso se suma el del pasado 11 de junio, cuando el reportero de la fuente policiaca Luis Ángel López Valdez, colaborador del portal digital Vanguardia de Veracruz, fue asesinado mientras conducía su auto y sujetos desconocidos le dispararon, en Poza Rica, localidad ubicada en la zona norte del estado.
Además, ocho días después del inicio del año, el comunicador Carlos Ramírez fue asesinado en la colonia Cazones, en el centro del municipio de Poza Rica.
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