El Gobierno de Tamaulipas aseguró que no tiene convenios ni contratos con las empresas y personas físicas señaladas este martes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Tras efectuar una revisión en los registros administrativos y padrones oficiales de proveedores y contratistas de obra pública, la administración estatal constató la ausencia de vínculos comerciales con los involucrados.
La verificación abarcó el periodo correspondiente desde el 1 de octubre de 2022, fecha en que inició la administración del gobernador Américo Villarreal Anaya. De acuerdo con el posicionamiento público emitido por el Ejecutivo estatal, ninguna de las 11 empresas ni de las cuatro personas físicas sancionadas por las autoridades estadounidenses ha celebrado contratos con el gobierno estatal ni figura inscrita en sus padrones oficiales durante los cuatro años de la actual gestión.
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El pronunciamiento oficial se emitió a raíz de que la OFAC anunciara nuevas designaciones que comprenden a personas y entidades morales con domicilio ubicado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y en Anáhuac, Nuevo León. El Ejecutivo de Tamaulipas manifestó tener conocimiento pleno de las acciones dadas a conocer el 13 de octubre de 2026 por el organismo dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
En respuesta a estas medidas internacionales, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado instruyó preventivamente a la totalidad de las dependencias y entidades del Ejecutivo estatal para impedir cualquier tipo de inscripción, adjudicación o contratación futura con las personas físicas y morales designadas. Esta instrucción administrativa preventiva abarca igualmente a las sociedades mercantiles en las que participen las personas señaladas por el gobierno estadounidense.
Por otra parte, la administración estatal de Tamaulipas reconoció la coordinación existente entre las autoridades de México y de los Estados Unidos en esta materia, destacando la labor realizada por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Asimismo, el Gobierno del Estado expresó su entera disposición para poner a disposición de las instancias federales competentes toda la información que requieran.
Finalmente, el Gobierno de Tamaulipas enfatizó en su comunicado que los procedimientos de contratación pública se ejecutan en estricto apego a la ley, garantizando que los registros correspondientes son de consulta pública. La administración reafirmó su compromiso institucional con la legalidad, la transparencia en el uso de los recursos públicos y la colaboración entre instituciones para la construcción de un estado en paz.
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JVR
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