Detectan irregularidades

Van en BC contra 10 de la pasada administración

Fiscal revela que pertenecen a diferentes niveles de gobierno; los acusan de peculado y coalición de servidores públicos, entre otros relacionados con actos de corrupción

El fiscal general del Baja California, Ricardo Iván Carpio Sánchez, enfatizó que uno de sus objetivos es conseguir el acceso a la procuración de justicia para toda la población-
El fiscal general del Baja California, Ricardo Iván Carpio Sánchez, enfatizó que uno de sus objetivos es conseguir el acceso a la procuración de justicia para toda la población-Foto: Especial.
Por:
  • Julio Vázquez

El fiscal general del Baja California, Ricardo Iván Carpio Sánchez, anunció la solicitud al Poder Judicial del estado para citar a audiencia de imputación a más de 10 funcionarios de la administración pasada, por los delitos de peculado y coalición de servidores públicos, entre otros relacionados con actos de corrupción.

Ricardo Iván Carpio expresó que la solicitud al Poder Judicial del estado se hizo en el marco de una investigación a servidores públicos de varios niveles dentro de la administración estatal que transcurrió del 1 de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021.

Señaló que las investigaciones han avanzado hasta generar la necesidad de citar a una audiencia de imputación por dichos delitos, por lo que colocar una fecha y hora a dicho procedimiento corresponderá a la autoridad jurisdiccional, que se encargará de dar seguimiento y analizar las pruebas vertidas por la FGE.

El fiscal enfatizó que uno de sus objetivos es conseguir el acceso a la procuración de justicia para toda la población, así como fortalecer la credibilidad que tiene la sociedad bajacaliforniana hacia las instituciones que se encargaran de impartir justicia.

Sostuvo que en el caso de la administración pasada el compromiso es defender y proteger los recursos de las bajacalifornianas y los bajacalifornianos, por lo que se realizarán las acciones que sean necesarias para que no haya impunidad, y conseguir que los imputados sean vinculados a proceso por los actos que pudieron cometer.

De acuerdo con el gobierno de Baja California, en caso de no proceder con el proceso en el Poder Judicial del estado y no recuperar el monto desviado de manera presuntamente ilegal, se estaría arriesgando el erario público estatal por el orden de los 12 mil millones de pesos.