Diputados y FGR judicializan caso contra gobernador

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, que encabeza el morenista Ignacio Mier, solicitó al la Mesa Directiva, que preside la priista Dulce María Sauri, que presente la demanda de controversia constitucional en contra del Congreso de Tamaulipas por desacatar la resolución del desafuero en contra del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

“(Solicito) pueda valorar la presentación de demanda de controversia constitucional para defender los intereses de este órgano legislativo, ejerciendo de manera directa la representación originaria que ostenta como presidenta de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados”, establece el oficio entregado por el secretario de enlace de la Jucopo, José Omar Sánchez Molina a la Mesa Directiva.

De acuerdo con el borrador de la controversia que se presentó, el Congreso de Tamaulipas desconoció la decisión que tomó la Cámara de Diputados.

“Se desconoció la determinación que en uso de su facultad exclusiva dictó la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, erigida como jurado de procedencia, en el procedimiento XI/LXIV/DP/02/2021, vulnerado con ello los artículos 74, fracción V, y 11 de la Constitución”, indica.

Enfatiza que sólo a la Cámara de Diputados le corresponde, por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si da o no lugar a proceder contra el inculpado.

Y agrega: “El desacato en el que ha incurrido el Congreso de Tamaulipas, con el punto de acuerdo que se impugna, crea una figura ficticia denominada ‘homologación’, generando incertidumbre jurídica en virtud que contraviene el sentido de la determinación de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, erigida en jurado de procedencia, que se traduce en retardar la impartición de justicia en perjuicio del imputado”.

NUEVO RECURSO

Antes, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó un recurso de queja ante el Poder Judicial Federal en contra de la suspensión provisional que concedió el juez Octavo de Distrito, con sede en Tamaulipas, para frenar la orden de aprehensión del gobernador.

El Ministerio Público Federal argumentó agravios cometidos por el juzgador al conceder la protección de la justicia. En 48 horas un magistrado del Tribunal Colegiado de Circuito deberá resolver si ratifica, modifica o revoca la medida cautelar.