El Instituto Nacional Electoral (INE) instaló el Comité Técnico para la implementación del Plan B de la Reforma Electoral 2023, cuyo proceso de adecuación a la estructura y a la normativa está trazado hasta octubre.
Los consejeros electorales que forman parte de este comité llevaron a cabo la primera sesión, en la que aprobaron, por unanimidad, el plan de trabajo y el cronograma de actividades, que serán avalados por el Consejo General en sesión extraordinaria convocada de última hora para esta tarde.
La presidenta del comité, la consejera Claudia Zavala manifestó su confianza en que lograrán “aterrizar de mejor manera la gran responsabilidad que nos ha sido encomendada por el Consejo General”.
El anteproyecto que aprobaron considera dos líneas de acción: adecuación a las estructuras orgánicas y adecuación normativa.
De acuerdo con el documento, en la modificación de las estructuras se plantea emitir los lineamientos para el redimensionamiento y la compactación de las unidades administrativas, como se establece en el Plan B.
También incluye la compactación de las estructuras no contempladas en la reforma; así como la toma de opinión y conclusión en el diseño, así como en los criterios para la evaluación y designación de los vocales operativos; el cálculo y revisión integral de los tabuladores salariales del personal; la identificación de las medidas, adecuaciones administrativas y el costo que implicará la reestructura orgánica.
Además, la determinación relacionada con la instalación de órganos locales y oficinas auxiliares, así como los cambios de adscripción de bienes.
En lo que respecta a la adecuación normativa, el comité realizará un inventario de las normas, que quedará a cargo de la Dirección Jurídica, para determinar cuáles son las que deben modificarse.
El cronograma del comité plantea la realización de sesiones ordinarias en mayo y agosto, así como todas las extraordinarias que sean necesarias.
En el desarrollo de las actividades, contempla que será hasta septiembre cuando el comité aprobará las propuestas de modificación a las normas administrativas prioritarias.
JVR