La Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular, el dictamen a la minuta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley Federal del Trabajo, cuyo fin es brindar una vivienda con orientación social.
El dictamen, aprobado en lo particular con 322 votos a favor, 107 en contra y cero abstenciones, que deriva de una iniciativa presentada por la titular del Ejecutivo Federal, se devolvió al Senado de la República para los efectos del inciso e) del artículo 72 constitucional.
Para la discusión en lo particular se reservaron los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 Bis, 22, 23, 24, 25 Bis, 29, 41, 41 Bis, 42, 43 Bis, 44, 47, 51, 51 Ter, 51 Quáter, 51 Quinquies, 63, 64, 66, 66 Bis y 70 de la Ley del Instituto Nacional del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
También, los artículos 97, 110, 139, 140, 141, 145 y 147 de la Ley Federal del Trabajo, así como los transitorios Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Octavo, Décimo y Décimo Segundo del proyecto de decreto, cuyas reservas quedaron en términos del dictamen.
En la tribuna, diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC formularon sus propuestas de modificación, algunas fueron retiradas, unas rechazadas y en otras pidieron que solo se inscribieran en el Diario de los Debates.
Plantea la construcción de viviendas
El dictamen señala que los recursos del Infonavit o bajo su administración se destinarán a la construcción de viviendas, por conducto de una empresa filial, para fomentar la oferta destinada al arrendamiento social o adquisición en favor de las personas trabajadoras derechohabientes, así como el desarrollo económico local y la generación de empleos.
El Consejo de Administración del Infonavit tendrá la atribución y facultad de aprobar anualmente el presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia del Instituto. Además, el presupuesto de inversión en construcción, garantizando en todo momento que se destinen los recursos suficientes para el otorgamiento de crédito a las personas trabajadores derechohabientes, conforme al programa de inversión habitacional que la Asamblea General apruebe en el plan financiero de cada año.
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