Tres de cada diez pesos que formaron parte de las irregularidades financieras halladas en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador hasta su quinto año no han sido subsanados a la fecha.
Del 2019, primer año completo de su administración, hasta el 2023, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió posibles daños al erario por 370 mil 579 millones de pesos, de los cuales 133 mil 432 millones aún no han sido aclarados ni subsanados; es decir, el 36 por ciento.
Además, este monto no justificado representa 85.3 por ciento de los 156 mil 379.6 millones de pesos que se acumulan en anomalías desde el inicio de siglo, que es el registro disponible en la base de datos de la Auditoría; es decir, de los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón Hinojosa y también Enrique Peña Nieto.
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- El Dato: El PRI en la Cámara de Diputados consideró “inaceptable” que siga la opacidad, pues hay más de 2.5 mmdp pendientes por aclarar de la Cuenta Pública 2023.
Aunque la elevada cifra por irregularidades observadas también se explica como consecuencia del incremento en el número de entes auditados, la proporción rebasa, por mucho, a la de las administraciones antecesoras.
Otro dato que dejan ver los reportes es que las anomalías totales identificadas hasta ahora —y que podrían crecer cuando se presente la Cuenta Pública del 2024— son la segunda cifra más elevada tras las halladas en el último gobierno priista, que fueron por 828 mil 929 millones de pesos.
No obstante, los 133.4 miles de millones de pesos sin subsanar en el sexenio obradorista son 36 por ciento del monto observado; mientras que los 15.5 mil millones de Peña Nieto fueron 1.8 por ciento de los 828.9 mil millones; los 6.4 mil millones de Calderón fueron 1.9 por ciento de los 329.3 mil millones, y los 611 millones de Fox representan únicamente 0.6 por ciento de los 89.3 mil millones de pesos.
Natalia Campos, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), advirtió en entrevista una falta de seguimiento puntual a estas irregularidades por parte de la ASF, pero también una falta de capacidad para cumplir con esta tarea, como las causas de este rezago multimillonario en observaciones no solventadas que se arrastran, por lo menos, desde inicios de siglo.
No obstante, la especialista apuntó que dicha responsabilidad no recae únicamente en el ente fiscalizador.
Otra consecuencia de este estancamiento y seguimiento deficiente, señaló la maestra en administración, es que las dependencias tampoco han sido capaces de corregir aquello que las ha llevado a que se les identifiquen anomalías posibles de convertirse en un daño al erario.
“Puede ser también por la estructura de organización interna de la Auditoría. Hace falta seguimiento y se da este rezago de muchas observaciones sin subsanar y que se puede ver, incluso, en que se repiten muchas malas prácticas; es decir, la Auditoría puede que encuentre lo mismo en las ocasiones en que audita la misma institución; se repiten estas faltas, malas prácticas que afectan el gasto público y entonces, eso es una evidencia de que no se están corrigiendo correctamente.
“Entonces, hay un problema con la capacidad de seguimiento de la Auditoría. Hay un tema estructural, también normativo, porque una vez se establecen estas acciones, las instituciones no perciben la obligación de cambiar lo que la Auditoría les pide que cambien”, apuntó.
