A pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó desde hace nueve años sobre la desatención de autoridades al tema de la desaparición de personas y el hallazgo de fosas clandestinas, también este órgano autónomo ha abandonado y desatendido paulatinamente a las víctimas y sus familias.
Su acompañamiento a colectivos y parientes que se ven en la necesidad de buscar por cuenta propia a sus desaparecidos cayó a su mínimo en el 2024, en lo que se refiere a la exploración de fosas clandestinas, durante la presidencia de Rosario Piedra Ibarra.
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De acuerdo con los informes de este órgano, revisados por La Razón, el año pasado se registró la cifra más baja en ocho años, con sólo 22 acciones de acompañamiento en las fosas.
En el 2020, ya con Piedra (llegó al organismo en el 2019), se alcanzó el número más elevado de esta actividad, con 244, pero al año siguiente comenzó a descender, hasta llegar a 124, y el siguiente a 52. Para el 2023 hubo un incremento a 133, pero en el 2024 cayó a un mínimo no visto desde el 2017.
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Las acciones forman parte de la Estrategia de Atención Inmediata de Colaboración en la Búsqueda de Personas en el Programa de Personas Desaparecidas (Perdes), que tiene como finalidad colaborar con las autoridades responsables de las búsquedas.
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Para el 2024, año del último informe, la CNDH explicó que desechó las prácticas que duplicaban las funciones de otras instancias y priorizó el acompañamiento de víctimas. Así, reportó un total de 687 acciones totales, en general, de acompañamiento a familias o quejosos en diversas situaciones, aparte de la exploración en fosas. La cifra representa poco más de una cuarta parte de las dos mil 426 que concretó en el 2023.
Otros rubros que también tuvieron una baja fueron acompañamientos de las búsquedas por medio de volanteo, difusión en lugares públicos, las búsquedas en centros de readaptación, de salud mental y centros de adicciones. Asimismo, se vieron reducidas las actividades para acompañar a quejosos y familias ante autoridades federales y locales.

Aunque la comisión fue consultada sobre el motivo por el que se ha reducido su respaldo a los familiares, al menos en cuanto a la exploración en fosas, hasta el cierre de esta edición no respondió.
De parte de los colectivos, que son los que en mayor medida realizan gestiones para su labor, apuntaron que la dinámica en la que se han envuelto los ha llevado a prescindir de buscar apoyo, porque en muchas ocasiones éste ya no se les da, ni de autoridades ni por parte de los órganos defensores de derechos humanos.
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María Luisa Núñez, fundadora del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, comentó que al menos en el caso de esta entidad no es que haya mala relación con los organismos defensores locales y el federal, sino que hay una dinámica, refirió, en la que los buscadores ya no ven como necesidad acercarse a las autoridades, no porque no lo requieran, sino que ya es costumbre que no reciban la atención que necesitan y eso se refleja desde el momento en el que se ven obligados a iniciar las búsquedas por cuenta propia, aunque reconoció que no está en manos de los visitadores resolver la situación.
“La relación que tenemos es la normal, de cualquier ciudadano que debe ser protegido en sus derechos humanos. La CNDH sólo cumple con sus funciones; sí asignan personal como observadores. No hemos tenido ningún incidente que implique una mayor intervención, pero que yo pueda decir que la comisión está haciendo una diferencia, aún no; es normal... Lo que no hay son investigaciones planeadas, que nosotros tengamos la confianza en las instituciones de que lo van a hacer, sin necesidad de que tengamos que ir”, dijo en entrevista.
El hallazgo de un centro de reclutamiento para el crimen organizado y casi 500 indicios alrededor de fosas y un crematorio clandestino dentro de un rancho en Jalisco, comentó, es una “atrocidad” que no sólo atraviesa a los desaparecidos y colectivos en Jalisco, sino de todo el país, pues asegura que, como éste, hay muchos otros puntos de inhumación clandestina que quedan ocultos no sólo por posibles complicidades entre autoridades, sino también por el silencio que muchas veces, como buscadores, tienen que guardar para no poner su vida en riesgo.
ONG ve “sentencia de riesgo” averiguar fosas
| Por Claudia Arellano
Ante los recientes hechos donde se descubrieron fosas clandestinas en el estado de Jalisco, Amnistía Internacional consideró que ser persona buscadora en México es “sentencia de riesgo”.
Indicó que en México más de 122 mil 800 personas desaparecidas o no localizadas en estados como Jalisco, Estado de México y Tamaulipas encabezan la lista con las cifras más altas, “lo que constituye un peligro y sentencia de riesgo para ellos, sobre todo para las mujeres”.
“Ser persona buscadora en México es una sentencia de riesgo. Desde 2011, 24 familiares de personas desaparecidas han sido asesinadas por su labor de búsqueda”, señaló.
La organización hizo un llamado a que el Estado garantice la seguridad de los buscadores, sobre todo las mujeres. Apuntó que es necesario reconocerlas como defensoras de derechos humanos. Además, instó a las autoridades a trabajar de cerca con estos grupos.
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“Hacemos un llamado al Estado mexicano a investigar de inmediato y esclarecer los hechos”, aseveró un comunicado.
También pidió identificar a las víctimas y respetar la dignidad de sus familias. De igual modo solicitó proteger a las buscadoras, “quienes arriesgan su vida en la lucha por la verdad”.
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Amnistía Internacional expresó así su profunda consternación ante el hallazgo de fosas clandestinas y hornos crematorios en Teuchitlán, Jalisco, y en Reynosa, Tamaulipas, los días 5 y 11 de marzo, respectivamente.
“Este descubrimiento realizado por colectivas de esos estados amerita que el Estado mexicano abra una investigación inmediata, independiente e integral, que permita identificar los restos localizados y entregarlos con el debido respeto y cuidado a las familias que buscan a sus familiares desaparecidos”, puntualizó la organización.

