La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) se unió a la petición de los obispos de México para que la muerte de los ocho jóvenes en Salamanca, Guanajuato, no quede impune; además, llamó a las pastorales juveniles a trabajar para construir la paz y ofreció cuatro acciones a realizar a nivel local y siete a nivel nacional.
“Nos sumamos a la petición de los obispos de México, para que estas muertes nos hagan asumir la responsabilidad que cada uno tiene en la construcción de la paz y a la petición de don Enrique Diaz Diaz, obispo de Irapuato, para que las autoridades civiles investiguen y esclarezcan los hechos”, compartió a través de un comunicado.
Señaló que los adolescentes y jóvenes son los afectados con la ola de violencia en México y que cada muerte llama a cuidar su vida y poner los medios para protegerlos de la maldad que busca atraparlos.
“Convocamos a las pastorales de adolescentes y jóvenes; movimientos y congregaciones religiosas, colegios e instituciones que trabajan con adolescentes y jóvenes del país a realizar cuatro acciones para sumarse a la construcción de la paz”, indicó.
CEM ofrece acciones para la construcción de la paz
Pidió que el próximo 23 de marzo se coloquen ocho velas en el altar de todas las iglesias en memoria de todos los adolescentes y jóvenes asesinados y desaparecidos, e invitó a los asistentes a escribir sus nombres en tarjetas para colocarlos junto a las velas.
También solicitó llevar rosas a las plazas principales de las ciudades y fotos de los adolescentes y jóvenes asesinados o desaparecidos el próximo sábado 29 de marzo a las 17:00 horas, y unirse con el pueblo de San José de Mendoza en su caravana por la paz.
Iglesia propone, también, acciones para el gobierno
En cuanto a las acciones nacionales de la agenda nacional de la paz, para el gobierno, la CEM propuso “desarrollar políticas de cuidados como condición para la paz, con enfoque de derechos humanos y género, dirigidas a construir y fortalecer tejidos sociales, crear entornos seguros y restituir el valor de la vida, dando atención prioritaria a niñez, adolescencias y juventudes”.
Asimismo, fortalecer las policías municipales, conectarlas con el sistema de justicia y otras fuerzas públicas, para que coadyuven en la investigación y el cuidado del territorio, y así sea posible la retirada paulatina de los militares en las funciones de seguridad pública.
“Renovar el sistema de procuración e impartición de justicia, en el nivel federal y estatal, de tal manera que tenga capacidad para investigar y autonomía para resolver casos”.
“Emprender una reforma a fondo del sistema penitenciario para que el Estado retome el control de las prisiones, impida los actos de corrupción y de extorsión y actúe dentro del marco de la ley para proteger los derechos de las personas privadas de libertad, de sus familias y del personal penitenciario”, precisó.
Otra de las acciones que plantea es promover una estrategia que fortalezca la seguridad y el bienestar de las adolescencias en sus riesgos asociados con adicciones, crimen organizado y economías ilícitas, incluyendo su participación, así como la de la sociedad civil y los distintos órdenes de gobierno.
“Impulsar una gobernanza democrática que proteja a los gobiernos municipales de las economías criminales y tenga las condiciones para desarrollar programas a favor de la seguridad, la justicia y la paz con amplia participación de la sociedad civil”.
“Atender la crisis de derechos humanos del país en cuatro temas prioritarios: realidad de los desaparecidos, la violencia contra las mujeres, la violencia contra las personas en movilidad y la autonomía de los pueblos indígenas”, indicó.
cehr
